Conseguir una buena regulación de la economía colaborativa no va a ser tarea fácil si nos fijamos en el ejemplo de lo que está pasando en otras ciudades que lo han intentado.

Cataluña se ha adelantado anunciando un decreto que regulará el alquiler de habitaciones para turistas.  Puedes leer en este otro post todo lo que se sabe de momento acerca de como va a ser esa normativa. Pero Airbnb ya ha dicho que no le ha gustado y que supone cargas regulatorias desproporcionadas sobre los anfitriones y pide nuevos pasos en apoyo a la economía colaborativa.

El gobierno catalán aprovechó el momento del anuncio para criticar la política turística del ayuntamiento de Barcelona calificándola de “prohibitiva” al contrario de la suya que considera “proactiva”. Este detalle me pareció alarmante ya que creo que, para conseguir normalizar el sector, todas las administraciones tendrían que tener las cosas claras y trabajar conjuntamente.

Ayuntamientos frente a los gigantes colaborativos

Si nos fijamos en lo que está sucediendo en otras ciudades veremos como los ayuntamientos están indefensos frente al poder de empresas como Uber o Airbnb y tienen que ceder a sus presiones.

Para ver a que me refiero miremos que es lo que acaba de pasar con Uber en Nueva York:

La semana pasada hubo una batalla entre la empresa y el ayuntamiento por una normativa que iba a limitar el crecimiento de aquella. A pesar de ser el mayor mercado del taxi del país y de que la compañías de taxi apoyaron al alcalde De Blasio con mucho dinero durante las elecciones, su influencia no fue suficiente y la normativa se echó para atrás debido a una agresiva campaña de Uber que incluía anuncios de televisión, una aplicación que simulaba los efectos de la limitación y otras innovaciones en la forma de hacer lobbying. Los cien mil y pico votantes del alcalde no son nada frente al millón largo de usuarios de la aplicación.

Uber es probablemente el mayor cartel mundial de “taxis” pero curiosamente ha conseguido convencer a gente en las ciudades en la que pretende implantarse de que son una especie de salvadores frente a los malvados monopolistas del taxi local y de que aquellos a los que no les gusta su forma de hacer negocio, están en contra de la innovación.

Airbnb no se suele mostrar tan agresiva pero sigue ese mismo camino. Aquí en Barcelona ya ha sacado a sus anfitriones a la calle en dos ocasiones con manifestaciones a favor del home sharing y son muy activos dando a conocer sus estudios de impacto y desarrollando lo que llaman su “public policy”. En su día se publico el estudio de Barcelona y ahora le ha tocado a Madrid.

Ya hay bastante información circulando para que los responsables de poner orden vayan conociendo como es el funcionamiento de los gigantes de la sharing economy: ellos no colaboran sino que tienen un peso suficiente que les permite negociar y comerciar con sus datos y su información a cambio de regulaciones favorables. Si no les gusta la norma, su maquinaria publicitaria y el presupuesto millonario que manejan se ponen en marcha.

Esta presión puede llegar a ser excesiva para un ayuntamiento y hacerle abandonar normas que considera convenientes para todos los ciudadanos como ha pasado en Nueva York.

Definir las responsabilidades y las obligaciones de Airbnb

Me parece interesante que el camino que haya elegido la Generalitat sea el de establecer un marco regulatorio en lugar de prohibir nuevas realidades turísticas, pero creo que las administraciones no deberían ser excesivamente receptivas a lo que sobre este tema opine Airbnb, la gran multinacional americana que se ha hecho con casi todo el mercado de lo que se denomina alojamiento compartido o Home Sharing.

Que se lo pregunten a las autoridades locales de San Francisco donde la norma que se hizo para regular esa actividad conocida como la “ley Airbnb”, está resultando ser inaplicable y su límite de 90 días anuales incontrolable por que no existe obligación de la compañía de presentar datos de sus bookings, entre otros motivos.

Un tema clave es el de cuales deben de ser las responsabilidades y las obligaciones de la plataforma comercializadora. Esto es algo que debería estar bien definido en las normas que regulen este fenómeno.

Airbnb mantiene la postura de que para ellos es suficiente con hacer recomendaciones al anfitrión de que debe de cumplir las normas, pero no se consideran responsables si se están cometiendo ilegalidades en el marketplace que ella misma controla.

Es difícil que se pueda detectar y sancionar a quien alquila una habitación sin cumplir con las condiciones que la Generalitat quiere exigir, si la empresa comercializadora no está obligada a facilitar información, o no tiene ninguna responsabilidad por las ilegalidades que cometan los que ofertan servicios a través de la plataforma.

¿Como se va a controlar que un propietario está alquilando una habitación durante más de cuatro meses al año o que lo está haciendo sin la licencia necesaria, si la comercializadora no proporciona información cuando se le requiere o no es responsable cuando es consciente de que está sucediendo una ilegalidad?

Algo parecido ocurre en los temas fiscales. Todas las reservas de estas plataformas se producen online y dejan una huella que podría ser útil para saber si los anfitriones y propietarios están declarando a hacienda esos ingresos.

Pero Airbnb no tiene una sede en España, sino solamente una empresa dedicada a publicidad y servicios de marketing. Todas las comisiones que cobran por los alquileres van a parar a Irlanda y seguramente también toda esa información.

Para que aquí se pudiesen aprovechar las posibilidades de la trazabilidad que ofrece este modelo, ayudando a sacar a la luz la economía sumergida que se pueda estar generando, tendría que haber una obligatoriedad de, al menos, presentar información de esas operaciones ,o incluso, de tributar por esas comisiones en el lugar donde está el inmueble que las genera.

Una empresa como Amazón ya ha anunciado que abandonará la ingeniería fiscal que practicaba a través de Luxemburgo para pasar a pagar impuestos en cada país europeo donde vende.

A nivel de la UE se está investigando a las tecnológicas de EEUU y trabajando en normas conjuntas de determinación de la base imponible o de aplicación de deducciones en los servicios que ofrecen las empresas globales. Pero las cosas no están todo lo claro que sería deseable ni van al ritmo que exige la velocidad de crecimiento y el desarrollo del sector.

Si la regulación de apartamentos turísticos esta siendo un camino largo y complejo, el proceso de poner orden a las actividades asociadas a la sharing economy promete serlo mucho más. El gran tamaño de las multinacionales de la sharing economy, la agresividad y rebeldía de algunas de ellas, la creciente variedad en los servicios o actividades que se ofrecen en plataformas p2p o el discurso de ciber utopía antisistema que utilizan sus defensores son algunos de los elementos que añaden complejidad a la normalización que el sector parece necesitar urgentemente.