Ya toca poner al día el seguimiento que estoy haciendo en el blog sobre la regulación de apartamentos turísticos en Barcelona y la normativa catalana sobre el tema.

Aquí voy a recordar cuales han sido las últimas medidas del ayuntamiento de Ada Colao en materia de turismo y, en especial, en lo que respecta a los apartamentos turísticos.

En su momento, ya hablamos de la moratoria que se aprobó a comienzos del verano que prohíbe abrir nuevos hoteles, hostales o apartamentos con la idea de obligar a hacer un parón al actual crecimiento turístico para reflexionar sobre el modelo.

El ayuntamiento prevé realizar un proceso participativo sobre el modelo turístico de la ciudad donde se redactará un Plan Especial para el Alojamiento Turístico a principios de 2016. También, se creará el Consejo de Turismo y Ciudad y se establecerá la capacidad de carga del turismo.

La moratoria hotelera: consecuencias, oposición y demandas judiciales

El primer resultado que ha tenido la moratoria es que no se va a construir un hotel de lujo en el edificio de Deutsche Bank proyectado para el cruce del Paseo de Gracia con Diagonal, sino que se va a dedicar a oficinas y a residencias de lujo conservando la edificabilidad.

Esto ha tenido una buena acogida entre las asociaciones vecinales del barrio como Gracia Cap On Vas? y también ha hecho surgir algunas voces que lamentan la pérdida de puestos de trabajo.

Todos los grupos del ayuntamiento excepto la CUP han aprobado un texto donde se da un mes de plazo a Ada Colao y su equipo para entregar informes sobe el impacto de la moratoria.

En especial, el grupo de CIU en el ayuntamiento se esta mostrando muy preocupado por la prohibición de que se abran nuevos hoteles y esta siendo especialmente beligerante contra la moratoria. Esta misma semana, ha pedido que el Ayuntamiento de explicaciones de como afecta a los sectores relacionados con el turismo, de cuantos puestos de trabajo dejan de crearse, de que inversiones han sido suspendidas o paralizadas o de cuanto va a tener que pagar el ayuntamiento en indemnizaciones a los hoteleros que denuncien.

Y es que hay varias empresas, entre las que están inmobiliarias como Nuñez y Navarro o consultoras ligadas al turismo, que han presentado recursos contra la moratoria en el TSJC.
El tribunal los admitió casi todos sin tomar la decisión de suspender la moratoria ya que antes las partes implicadas deben de formular sus argumentaciones. En esas demandas se piden daños por los honorarios a arquitectos o por las inversiones ya realizadas.

El ayuntamiento se defiende diciendo que es una medida que emana de la ley de urbanismo y que es temporal mientras se produce un proceso participativo que estudie el turismo en la ciudad. Sin embargo, recientemente, se ha visto obligado a rectificar y autorizar la construcción de 18 hoteles de los que se habían paralizado los cuales ya tenían certificado urbanístico y se estaban poniendo en marcha antes de la moratoria.

La razón de esta relajación en la moratoria para los hoteles que ya estaban en tramitación es que el ayuntamiento tiene miedo de perder en los tribunales y de tener que pagar indemnizaciones millonarias.

Actualmente hay otros 20 proyectos hoteleros (ente ellos ocho en el distrito 22@ y dos en Ciutat Vella) parados por la moratoria que van a revisarse. Muchos de ellos están en solares de uso exclusivo hotelero pero no habían tramitado el certificado urbanístico antes de la moratoria o lo tenían caducado y deberían de ser admitidos a en caso de que la caducidad se atribuya a la administración.

Sobre esta situación la Confederación de Asambleas de vecinos de Barcelona se pregunta: “por qué los que más tienen encuentran herramientas jurídicas cuando creen que determinadas políticas lesionan sus perspectivas de negocio, mientras que la población resulta ser fácil y legalmente vulnerable”.

Y la última noticia sobre este tema es que se acaba de saber que Manos Limpias ha denunciado judicialmente a la alcaldesa por prevaricación y abuso de poder por imponer la moratoria como se puede ver en esta noticia reciente de La Vanguardia.

Placas informativas y reagrupación de apartamentos turísticos

Otra medida que puede ser muy controvertida del nuevo ayuntamiento es que ha enviado cartas a los propietarios de licencias de viviendas de uso turístico en el barrio de Ciutat Vella para que coloquen placas identificativas en el exterior de la vivienda con el número de licencia y el teléfono de emergencia de 24 horas. Desde el ayuntamiento se dice que si el propietario no manifiesta oposición en contrario será el ayuntamiento quien coloque él mismo la placa. El problema con esta medida es que se duda de que tenga respaldo legal suficiente ya que, en la normativa existente de apartamentos turísticos, no se exige nada parecido.

Además el ayuntamiento también se está cuestionando el agrupamiento de apartamentos turísticos en edificios sin residentes de Ciutat Vella por que puede dar a lugar a mobbing. Se piensa revisar el proceso para que no sucedan casos en que un vecino es presionado a dejar un edificio para convertirlo en apartamentos turísticos, aunque la anterior responsable, Merce Homs, ha dicho que ya existen garantías en la normativa actual para evitar esos comportamientos.

Plan de choque

Además de moratoria se aprobaron posteriormente tres medidas como plan de choque para las áreas más turísticas de la ciudad que afectan a los apartamentos turísticos:

Condonación del 80% de las multas a los pisos sancionados si el propietario cede durante 3 años el piso para un alquiler social. Con esta medida el ayuntamiento intenta sintonizar con las peticiones de las asociaciones vecinales como la Barceloneta Dit Prou que proponían convertir los alquileres ilegales en sociales. Pero me da la sensación de que el valor de esta medida es sobre todo simbólico.

En Ciutat Vella, donde se aplica, hay 250 desahucios al mes y se ha querido presentar como una posible solución en ese sentido, asociando el alquiler turístico a los problemas de acceso a la vivienda. Pero se trata de una opción voluntaria del sancionado y solo puede funcionar cuando las multas sean muy altas. Con multas de 15 mil euros de media, como las que se están produciendo, al propietario no le interesa la condonación.

Campaña de comunicación a los turistas por medio de folletos que les animan a que denuncien a los ilegales. Esta es una medida que puede funcionar en el caso de que el turista haya tenido una mala experiencia en el alojamiento pero, si todo ha estado bien durante su estancia, es raro que el turista piense que se trata de un tema que le incumbe y dedique parte de su tiempo en vacaciones a denunciar.

Requerimientos a Airbnb y similares para que faciliten datos de los pisos que están comercializando en sus plataformas par saber quienes lo están haciendo sin licencia.

De hecho el ayuntamiento se ha reunido con Airbnb para pedir que colaboren entregando los datos de los propietarios que se anuncian sin licencia en su plataforma. Les piden que faciliten el trabajo al ayuntamiento y les avisan de que si no hay colaboración habrá sanciones.

Y hasta aquí la puesta al día de lo he ha hecho el ayuntamiento de Barcelona durante el verano y principios del otoño de 2015 en materia de apartamentos turísticos.

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Imagen: https://www.flickr.com/photos/lensesdrilling/