En memes circulando por Twitter o Tik Tok el coronavirus es el fin de Airbnb ¿Es esto así o el modelo de los californianos acabará siendo más resiliente que el hotelero?

Brian Chesky, uno de los fundadores de Airbnb, ha sido el encargado de calmar los ánimos entre los anfitriones irritados por las primeras medidas de la compañía ante la crisis sanitaria del coronavirus. Ellos son los principales perjudicados por la decisión de permitir la cancelación gratuita de las reservas dejándolos sin indemnizaciones. Las explicaciones publicadas por Chesky en una carta afirmando que «somos socios en esto y juntos saldremos adelante» apenas sirvieron para mitigar el enfado. 

Pocos días después, en una segunda carta abierta firmada por él mismo, volvía a justificar la decisión de la directiva, mientras pedía disculpas por no haberla consultado con su comunidad. Esta vez, además, se anunciaban medidas de apoyo a esos anfitriones como: 250 millones de $ que la compañía pone de su bolsillo para compensar las pérdidas por cancelaciones, un fondo de ayuda a los «superanfitriones» en mala situación económica, nuevas facilidades para que los viajeros hagan aportaciones altruistas y un rescate estatal con subsidios y préstamos que se ha solicitado al gobierno para su «comunidad». 

Esto último resulta especialmente llamativo viniendo precisamente de Airbnb. La compañía lleva una década litigando en tribuales de medio mundo con gobiernos de todos los niveles. Hasta hace unas semanas, tenía previsto seguir así durante al menos una década más. Además de por combatir las regulaciones de vivienda o turismo, la plataforma es conocida por dar cobertura a operadores ilegales que, en lugares como Barcelona, Londres o Boston, se están convirtiendo en verdaderas mafias. Desde que los californianos han aparecido en sus ciudades, los ayuntamientos tienen que destinar partidas de fondos públicos escasos a inspectores y pleitos.

Ahora, en tiempos difíciles, la compañía acude a aquellos a los que hasta hace poco menospreciaba en agrios enfrentamientos calificándolos como burócratas para que rescaten su modelo. Las filiales estadounidense y canadiense de Airbnb han intercedido por medio de cartas, recogidas de firmas o campañas de movilización para que sus anfitriones puedan recibir ayudas destinadas a pequeños negocios por la crisis del coronavirus. Pero, aunque varios directivos han afirmado en público que lo están consiguiendo, no parece que las administraciones estén realmente por la labor de destinar dinero al colectivo de los anfitriones. Aquellos que estaban dedicando sus espacios al alquiler turístico en la plataforma tienen la opción de, sencillamente, seguir obteniendo rentabilidad de esos pisos o habitaciones devolviéndolos al mercado de vivienda habitual, tan necesario para los residentes permanentes. 

El vicepresidente de la multinacional, Chris Lehane, ha acabado jugando el papel de pirómano/bombero en este asunto. Por un lado, él es el responsable de las estrategias de cronificación del conflicto global con los gobiernos y, por otro, ha sido el encargado de enviarles una petición de rescate remitida en una carta convenientemente publicitada. En su cuenta de Twitter, aseguraba haber conseguido que la administración estadounidense incluyese a los anfitriones entre los receptores de ayudas estatales. Seguramente, se trató de una afirmación precipitada. La publicación en la web de Airbnb con los detalles de la ayuda ha sido borrada y lo que aparece siguiendo el enlace del tuit de Lehane es un error de página no encontrada. 

En Canadá, por su parte, el secretario del parlamento para la vivienda tuiteó una respuesta a la petición de rescate del Airbnb canadiense para sus usuarios que no puede ser más escueta y contundente: no.

Los datos del descalabro de Airbnb por la crisis sanitaria que van saliendo a la luz se están interpretando por algunos como señales de debilidad de un modelo turístico amortizado. La web de analítica AirDna ha registrado desplomes en las reservas del 94% en muchas ciudades, mientras que portales inmobiliarios de Dublín, Madrid o Edimburgo revelan aumentos notables en su oferta, aparentemente, debidos a propiedades que regresan al mercado de alquiler ante el desplome turístico. Los fundadores han anunciado que dejan de cobrar salario a la vez que el de los ejecutivos se reduce a la mitad durante seis meses. Es poco probable que los empleados reciban sus bonos en 2020 y se han congelado las nuevas incorporaciones y los gastos de marketing. Tampoco parece que la compañía vaya a salir a bolsa a lo largo de este año como tenía previsto. Estos días, su valoración se ha desplomado de los 31 a los 18 mil millones de dólares. Pero, con los hoteles sufriendo también cancelaciones masivas, más que al agotamiento del modelo Airbnb, estos datos apuntan al desplome del turismo que muchos rezan para que sea momentáneo. 

Más preocupante ha sido que la compañía haya tolerado comportamientos peligrosos e irresponsables en la plataforma como los anuncios de refugios o retiros Covid-19 «perfectos para aislarse con la familia» en el campo británico o en zonas rurales de los EE. UU. El gobierno del Reino Unido solo permite nuevas reservas para alojar a afectados o trabajadores sanitarios, pero una investigación de la BBC destapó que muchos anfitriones estaban haciendo el agosto ofreciendo este tipo de estancias. La compañía solo tomó medidas al ser contactada por la cadena. Inicialmente, se limitó a desactivar la opción de reserva automática exigiendo que huésped y anfitrión tengan que comunicarse siempre antes de cerrar el trato. De esta forma, se esperaba que las peticiones de estancias no esenciales se rechazarían por responsabilidad. Sin embargo, pocos días después, la plataforma ha acabado bloqueando todas las reservas en el país hasta nueva orden. Mientras tanto, en EE. UU., autoridades locales de condados populares entre los turistas casi imploraban a los visitantes que no se acercasen a pasar la cuarentena en ellos.  

Como era de esperar, las RRSS se han llenado de celebraciones maliciosas del supuesto descalabro de los californianos con etiquetas como #airbnbcollapse o con bromas a cuenta de las «lágrimas de anfitrión» que se han visto en los vídeos subidos por usuarios enfadados con la compañía. Algunos de esos testimonios de indignación estaban tan sobreactuados que era difícil saber si se trataba de parodias.

El meme del funeral ghanés con el baile del ataúd que, en este caso, representaría a Airbnb defenestrada ha estado circulando por Twitter o TikTok. Sin embargo, todavía es pronto para dar por muerta y enterrada a la tecnológica californiana. Su persistencia para desafiar a los reguladores en todo el mundo se debe a su acceso prácticamente ilimitado al capital de los fondos de inversión, a los tratados internacionales favorables y a un relato que justifica y blanquea su comportamiento y modelo de negocio. De momento, no está claro que nada de esto haya quedado desactivado por la crisis provocada por la pandemia global. 

Airbnb acaba de anunciar una nueva ronda de financiación de mil millones de dólares aportados por las firmas Silver Lake y Sixth Street Partners. En medio de circunstancias especialmente adversas para todos, ha sido capaz de captar esa cantidad haciendo unas pocas llamadas. Es cierto que ha ofrecido un interés del 10% y probablemente va a necesitar aumentarla pronto, pero tales cifras no están al alcance de cualquiera.

Mientras la compañía hacía publicidad de sus gestiones para conseguir un rescate estatal— curiosamente en los mismos comunicados en los que reconocía disponer de altas sumas para apaciguar a sus anfitriones irritados—, se filtraban contenidos de sus contactos con posibles inversores. Quienes están dispuestos a arriesgar su dinero saben que las encuestas que la empresa les está mostrado han sido cocinadas y los datos maquillados a su favor, pero se trata de detalles que no son relevantes. La cualidad que ellos buscan en las empresas unicornio se resume en la expresión «corner the market», ser capaces de arrinconar o acaparar mercado —es decir, expulsar a los operadores tradicionales en el espacio en cuestión —. Airbnb ha demostrado estos años que la tiene y ha convencido a los inversores de que la mantendrá en el panorama turístico post covid-19. 

La forma de viajar no será la misma cuando la emergencia sanitaria vaya remitiendo. La gente gastará menos, se desplazará a lugares más cercanos, en estancias más largas y querrá evitar mezclarse con desconocidos. Este es el argumento de venta de la mayor resiliencia del modelo Airbnb frente al hotelero que se ha estado utilizando para atraer a los inversores.

La compañía ya se ha mostrado reactiva de cara al público en este sentido publicitando nuevas herramientas incorporadas a su portal para facilitar los alquileres de temporada. Las estancias largas y las «experiencias» son ahora sus prioridades. Con los confinamientos generlizándose en muchos países, Airbnb ha empezado a dar un giro hacia el turismo virtual ofreciendo rutas y actividades a distancia. Acaba de lanzar una nueva línea de Experiencias Online donde se ofrecen ejercicios de meditación con monjes budistas, una visita virtual con los perros de Chernobyl o cocinar con una familia de Marruecos.

Los campeones de la economía de plataforma están en condiciones de reconvertirse monetizando el contenido que el usuario genera en ellas y ensayando fuentes digitales de ingresos que no necesariamente hayan quedado paralizadas por la situación. Airbnb tiene los medios técnicos para facilitar el intercambio comisionado de contenido a distancia. Su propuesta de valor para los nuevos tiempos es: conexión humana y aprendizaje remoto. Durante la pandemia, está haciendo públicos acuerdos con asociaciones de los colectivos más afectados. En España, por ejemplo, se ha asociado con los Amigos de los Mayores para ayudarles a que superen la soledad con acceso a cursos o experiencias gratuitas.

La pandemia tampoco altera el estatus jurídico ventajoso del que Airbnb disfruta por la legalidad internacional vigente. Es cierto que la justicia europea ha aclarado estos días que «la escasez de alojamiento de larga duración puede constituir una razón imperiosa de interés general que permite justificar una medida nacional que exija la obtención de una autorización». Según el abogado general de la UE, las regulaciones de los estados miembros que exigen licencias para los alojamientos turísticos y limitan su número son compatibles con la directiva de servicios. Pero esta norma no es el único escollo en el derecho comunitario que deja a los países y sus ciudades sin competencias para poner orden ante el fenómeno Airbnb; también está la directiva de comercio electrónico, una normativa anticuada que se importó a toda prisa de los EE. UU. en el año 2000 copiando la ley de telecomunicaciones aprobada allí en los noventas para favorecer al comercio online

Expertos del mismo tribunal consideran a la multinacional californiana como un servicio de la sociedad de la información —uno de esos entes especiales capaces de operar en los países europeos sin que se les pueda hacer responsables de nada—. De este modo, aunque las ciudades puedan exigir una licencia a los propietarios y anfitriones para operar como alojamiento turístico, no pueden responsabilizar a Airbnb de las ilegalidades que tolera en su plataforma. Tan solo cabe esperar que colabore voluntariamente y solo lo hace negociando las condiciones y seleccionando la parte de las regulaciones que espera cumplir y las que no. Ese «cherry piking» —o adhesión selectiva a las leyes— que practica Airbnb fue ideado por Chris Lehane, un fichaje de hace cinco años que, precisamente, proviene de los círculos de poder político de la era Clinton, de cuando este marco legal se ponía en marcha.

Airbnb también se ha estado preparando para la batalla por el relato. Desde sus inicios, se viene apoyando en una novedosa y poderosa narrativa adaptable a las circunstancias del momento. En la etapa que comienza, ya no le interesa presentarse como una red de hospitalidad global amateur formada por particulares que transforman sus espacios privados en alojamiento para viajeros. Ahora, quiere que se le vea como a la versión digital de un gremio formado por pequeños negocios y profesionales que se organizan a través de la plataforma.

Cuando la semana pasada la compañía se presentaba como intercesora pidiendo un rescate al gobierno para sus «socios» anfitriones o cuando reservaba varios cientos de millones de su bolsillo para complacerles, al mismo tiempo que se alineaba con sus intereses, estaba marcando distancias. Al pedirles disculpas por no haber consultado la decisión de cambiar las condiciones de cancelación, estaba escenificando la independencia de los usuarios respecto a la plataforma. Esta autonomía es ficticia e interesada, pero permite esquivar la categoría de «intermediario» sujeto a mayores responsabilidades que los servicios de la sociedad de la información, un estatus que Airbnb está interesada en conservar por todos los medios. La compañía no solo puede, sino que, a veces, debe por responsabilidad tomar medidas unilaterales que afectan a sus anfitriones. De hecho, lo está haciendo todo el tiempo dictando las condiciones de participación en el negocio con sus términos y condiciones. Apareciendo ahora como una socia y no una intermediaria, pretende continuar sacudiéndose responsabilidades de encima como siempre ha hecho.

El storytelling creativo no se crea para perdurar en el tiempo; el relato marquetiniano se caracteriza más bien por su plasticidad. Las inconsistencias y contradicciones están admitidas y el parecido con la realidad es suficiente, aunque sea remoto. Por absurdo que nos pueda sonar que Airbnb se presente ahora como una asociación de profesionales independientes dependientes de la plataforma para todo, los importante es que este relato lo compre quien lo tiene que comprar, aunque nadie se lo crea. Es poco relevante que las RRSS o el público en general estén mayoritariamente de vuelta o que ni siquiera los usuarios de Airbnb se identifiquen con la neolengua o la narrativa que suele usar la compañía. Lo que se busca con ellas es defender la autoregulación o justificar decisiones políticas y comportamientos económicos entre ciudadanos de a pie.

Cuando acaben los confinamientos, periódicos como La Vanguardia o El Confidencial podrían perfectamente volver a publicar artículos como los de hace unos años presentando a la multinacional como la economía del futuro, el salvavidas turístico para las economías domésticas o la manifestación suprema de la libertad de disposición inalienable del pequeño propietario inmobiliario. 

Por su parte, ciudades hasta ahora preocupadas por la saturación pasarán a estarlo por la recuperación del turismo y podrían ofrecerse a relajar sus normativas a cambio de un puñado de visitantes e ingresos. De momento, hay lugares como Praga donde está sucediendo lo contrario. Su alcalde, Zdenek Hrib, lleva varios años viendo como el aumento de las propiedades destinadas a alojamiento turístico —con 12.000 incorporaciones a Airbnb solo en 2018— expulsa a los residentes permanentes del centro histórico. Los poderes del estado de emergencia decretados recientemente pueden ser una herramienta para regular la actividad. Estos días sin visitantes en busca de fiesta y cerveza barata podrían beneficiar al residente si sirven para repensar el modelo turístico, ha dicho en el NYT. Sin embargo, no está claro que este sea el enfoque que se acabe manteniendo en el tiempo o extendiéndose por el resto de focos turísticos europeos con una crisis turística de tal magnitud en ciernes.

Así pués, embebidos en la normativa comunitaria sobre comercio electrónico o, más en general, en el derecho de la competencia, varios submarinos estadounidenses siguen favoreciendo a las multinacionales americanas en Europa. Nada de esto cambia por la crisis del coronavirus. Con un músculo financiero reforzado inalcanzable para los hoteles, protegida por un estatus jurídico que le sigue favoreciendo y revestida con lo último en relaciones públicas para la próxima temporada, es pronto para celebrar el entierro de Airbnb como están haciendo las redes.