Cuando saca polémicas de la chistera, Trump suele tener sentido de la oportunidad y algo de razón. No se puede negar que tiene olfato para detectar las bolsas de malestar que se acumulan en la sociedad, aunque luego use ese talento para aprovecharse de la situación más que para buscar soluciones. Esta vez, se ha enzarzado con su red social favorita, curiosamente, por hacer algo que las plataformas digitales tienen encomendado por ley: mantener voluntariamente aseada su parcela digital como «buenos samaritanos» de Internet. Esta expresión no es solo una forma de hablar, sino una ficción jurídica que desde hace décadas otorga una inmunidad extraordinaria a ciertos operadores. Puede que por motivos y con intenciones más que discutibles, pero por fin alguien hace un amago de dar carpetazo a una reliquia legal que ha contribuido a convertir en intocables a un grupo reducido de empresas.

Un par de etiquetas de Twitter se convirtieron en el casus belli del día en una semana especialmente turbulenta. Todo empezó cuando la compañía marcó como contenido engañoso dos publicaciones de Trump, entrometiéndose por primera vez entre el presidente y su fanaticada tuitera. Muy enfadado, el gobierno norteamericano reaccionó aprobando una orden ejecutiva contra lo que considera una muestra de censura online de los que gestionan las redes sociales con tendencia a discriminar a la ideología conservadora —siempre según los propios conservadores que, sin embargo, en los últimos tiempos han conquistado ese espacio—. Por una cuestión de rango, no está claro que la nueva norma vaya a tener recorrido, pero sirve como amenaza poco sutil de hacerle la vida difícil a aquella plataforma que le impida al presidente seguir incendiando la pradera como ha venido haciendo hasta ahora. Actuar con esta virulencia contra los privilegios legales que otorgan a las tecnológicas unas regulaciones que hace tiempo quedaron obsoletas es una jugada con una audacia de la que carece la izquierda americana. Hablar directamente de censura en lugar de discutir acerca de la necesidad o no de instrumentos de moderación del discurso online desplaza la ventana de atención hacia un debate tóxico y poco edificante, de esos a los que la derecha de hoy es adicta.

A pesar de ser prácticamente mitológico, el buen samaritano de Internet se coló como categoría jurídica en los textos legales que han regido en lo digital desde la prehistoria de la red. Concretamente, sucedió en la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones de los EE. UU., una pieza de legislación minimalista aprobada en 1996 que asignó a las plataformas digitales ese rol de buenos samaritanos que limpiarán voluntariamente la WWW quitando lo que consideren «obsceno, impúdico, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o, por lo demás, objetable».

Antes de que existiese esa cláusula, los portales que hacían esfuerzos por moderar el contenido de sus foros —aunque fuesen mínimos como prohibir la incitación a la violencia o la pornografía infantil— caían en la categoría de «publisher» o «editor». Esto les hacía inmediatamente responsables de los posibles daños causados por lo que publicaban los terceros. Se entendía que el ejercicio de limpieza del discurso que hacía la compañía había creado ciertas expectativas de seguridad en el usuario que luego no podían defraudarse. A los portales —o plataformas, como se les llamaría después— que por el contrario no se preocupaban por moderar, no se les consideraba responsables de nada. A mediados de los noventa ya estaba claro que esto convertiría a Internet en un nido descontrolado de lo mejor de cada casa. Entonces, se tomó una decisión salomónica: se decretó por ley la inmunidad de las plataformas en todo caso, independientemente de si moderaban o no los contenidos. Se esperaba que, de esta forma, una mano invisible empujaría a los dueños a adecentar su parcela digital o, de lo contrario, se arriesgarían a que el usuario se fuese a buscar ambientes más saludables a otro lado.

Las plataformas digitales pasaron así a considerarse bibliotecas en lugar de periódicos. Pedirles borrar una publicación obscena sería como obligar a la biblioteca de NY a deshacerse de un ejemplar de Lolita, decía una vez Mark Zuckerberg. Sin embargo, esto es precisamente lo que viene haciendo Facebook cuando se dedica a eliminar fotos con contenido sexual por política interna. Lo cierto es que, en calidad de buenos samaritanos, estos bibliotecarios siempre han tenido prerrogativas especiales equivalentes a descartar a autores, quemar ejemplares, arrancar una página o tachar párrafos. Ellos son los que conceden o revocan el «derecho a la plataforma» diciendo qué cuentas o contenidos merecen permanecer o ser expulsados.

El mercado autoregulado se estaba utilizando aquí de nuevo como plantilla para solucionar asuntos que no son estrictamente económicos. Si la palabra y las ideas que se expresan con ella se tratan como mercancía, de su libre intercambio sin restricciones, acabará por salir a flote la verdad. Pero un planteamiento así tiene como punto de partida un presupuesto de una ingenuidad casi infantil: la presunta neutralidad de las plataformas digitales donde suceden los intercambios. Creer en ella supone pasar por alto los muchos incentivos en juego para tratar el contenido de una u otra manera.

En cualquier caso, cinco años después de aprobarse la cláusula, cualquier presunción de neutralidad saltó por los aires cuando aquellos buenos samaritanos descubrieron una innovadora forma de monetizar sus plataformas vendiendo anuncios. Ya nada es neutral cuando los contenidos se sirven siguiendo las preferencias de algoritmos diseñados para «optimizar el engagement» o —más claramente— para crear adicción a un entorno de extracción de datos que se usan para enriquecer perfiles de comprador. Desde entonces, se ha venido priorizando un tipo determinado de contenidos capaces de tener pegados a las pantallas a más ojos durante más horas. En esto, el altruismo de la mano invisible ha brillado por su ausencia y las operaciones han seguido a pesar de las alarmas por adicción, extremismo, polarización, manipulación del electorado…  Los avisos no han frenado los atropellos a la privacidad o a la democracia por parte de unos samaritanos que siempre han dado preferencia a la rentabilidad.

Pese los peligros para derechos y libertades que conlleva la economía digital, muchos intentos posteriores de introducir regulaciones efectivas han sido sistemáticamente bloqueados. En parte, esto se ha conseguido asociando a todo lo que pasa en Internet con la libertad de expresión —ese derecho sagrado de los padres fundadores—. En aquel entorno, está muy extendido un tipo de fundamentalismo de la palabra que consiste en abanderar la primera enmienda cuando conviene. Por barata que parezca, esa estrategia de gritar libertad para esquivar los rigores de regulaciones que buscan proteger otros derechos suele funcionar bastante bien. Tales invocaciones, sin embargo, no dejan de ser el síntoma de una cierta alergia a la democracia que acaba resultando problemática. Siempre aparecerá alguien que todavía sabe gritar libertad más alto que tú.

Aquellas legislaciones pioneras de mitad de los noventas pondrían las bases para la web concentrada en unas pocas corporaciones que conocemos hoy. Con ellas, se creó un espacio de impunidad donde emergieron monopolios todopoderosos. Protegidos por una permisividad excepcional que les exime de responsabilidades, se les permite jugar con ventaja en todos los sectores. Curiosamente, contra una de esas normas se revela ahora Trump gritando libertad y agitando el fantasma de la censura. Lo hace con parte de razón, aunque por los motivos más discutibles y con las peores intenciones.

Tradicionalmente, los dueños de las tecnológicas toman las decisiones sobre la parcela de Internet que controlan. En su propiedad privada, cada cual elige cómo llevar la empresa. En teoría, al que no le guste puede irse a buscar una alternativa o montarse algo por su cuenta. Dos inocentes etiquetas han sido suficiente para que en la derecha se haga una revisión de algunos clichés a los que parecía estar tan aferrada. En apenas unas horas, la administración Trump preparó una intervención para prohibir a Twitter, precisamente, intervenir en su propio negocio. Algo así de insignificante ha servido para empezar a cuestionar aspectos casi sagrados como los límites de la competencia, la autoregulación o hasta la libre empresa. Dejando aparte la propaganda gubernamental que contiene un texto legal donde se menciona a China o Rusia y se considera a dos tuits como una cuestión de estado, en la Orden Ejecutiva para Impedir la Censura Online se habla de abrir un debate sobre el excesivo poder de las plataformas digitales en la sociedad. Algo que también firmarían sin reparos Bernie Sanders, AOC o Joe Biden. El tono combativo recuerda por momentos a aquello de «romper Facebook» que repetía la candidata demócrata Elisabeth Warren. En su caso, era una promesa electoral, mientras que aquí suena a amenaza que se hace mediante una figura legal a disposición del presidente. 

Más que una regulación, la nueva medida es un recordatorio entre líneas de que la cosa irá bien siempre que todos se dediquen a explotar en armonía una afinidad compartida. Tanto a Trump como a Twitter, Facebook y compañía les interesa lo mismo: polarizar—uno para sacar réditos políticos y los otros para rentabilizar la atención que se crea gracias a la indignación y el resentimiento, la mejor de las gasolinas para el engagement—.  En realidad, el trumpismo y Silicon Valley están más en sintonía de lo que aparentan. En el fondo, ambos comparten raíces ideológicas en el libertarianismo conservador norteamericano con sus excesos y paranoias. Luego, esos cánticos a la libertad y la grandeza de los mercados le sirven a cada cual para lo suyo, bien sea para justificar la vigilancia online o para perseguir una agenda nacional populista.

En esto, Facebook siempre lo ha tenido más claro que Twitter. Desde los inicios, Zuckerberg despacha con Peter Thiel, accionista de la compañía y asesor de Trump. Para superar las crisis de confianza por el resultado de las elecciones americanas y el caso Cambridge Analytica, se fichó a Joel Kaplan un asistente de G.W. Bush que rectificó cualquier plan de reforma dirigido a reorientar a la empresa a un objetivo social. Suyas fueron las decisiones de permitir la desinformación en anuncios electorales o de no bloquear a los usuarios «supercompartidores» que son especialmente activos, agresivos y, muchas veces, conservadores. Las políticas de integridad que preparaban algunos departamentos fueron desechadas por Kaplan convencido de que ahuyentarían principalmente a páginas, políticos y usuarios de derechas, lo cual afectaría negativamente al engagement. Preguntado en la Fox por las acciones de Trump contra Twitter, Zuckerberg dijo que «Facebook no tiene por qué ser el árbitro de la verdad de todo lo que se dice online». En realidad, es más con la postverdad con lo que se asocia a su compañía que es dueña, además, de WhatsApp la herramienta del bulo por excelencia. Por su parte, no parece que Twitter vaya a dejar de ser la casa del troll ni refugio de bots por muchas banderas rojas que el equipo de verificadores coloque. Esas herramientas de moderación no tienen nada que hacer frente a un poderoso algoritmo opaco y polarizador.

Pero la pataleta de Trump podría abrir una caja de los truenos con aires de cambio interesantes. Estos días está siendo divertido leer a los que siempre han defendido cambiarlo todo mediante la tecnología pasarse al inmovilismo que supone mantener normas anacrónicas aprobadas en circunstancias muy diferentes a las actuales. La revista Wired las ha llamado «protecciones fundacionales matizadas por décadas de jurisprudencia» defendiendo el statu quo actual que favorece a Silicon Valley. La marea de fondo, sin embargo, parece ir más en la dirección a la que apunta el gobierno americano. Hasta Tim Cook el director ejecutivo de Apple lleva tiempo anunciando que la hora de enterrar la autorregulación ha llegado. Desde derecha e izquierda se apunta a una crisis en el modelo que considera árbitros imparciales del discurso online a los mismos que sirven los contenidos ignorando el conflicto de interés que esto representa. Observados desde la distancia, estos desarrollos son especialmente interesantes para una Europa un poco acomplejada a veces para tomar cualquier medida. 

Aquí, las leyes de telecomounicaciones norteamericanas —de las que la disposición 230 era un complemento— fueron copiadas a toda prisa para redactar la directiva de comercio electrónico del año 2000. Después, empresas que no son de contenidos empezaron a acogerse a la inmunidad que se extendió a todos los operadores digitales. En nuestra legislación no hay buenos samaritanos, pero sí servicios de la sociedad de la información, una especie de seres luminosos a los que apenas se puede pedir que rindan cuentas por nada. Gracias a este estatus jurídico, Airbnb, por ejemplo, ha podido mantener un conflicto constante con ayuntamientos como el de Barcelona, París, Berlín o Ámsterdam durante más de una década ignorando las normativas turísticas locales o nacionales. 

Pocos días después de que se aprobase la orden ejecutiva, Trump volvía a la carga: ¡Revocar la 230! tuiteaba al enterarse de que Twitter había borrado una de sus publicaciones incitando a la violencia durante el resurgimiento de las protestas del movimiento black lives matter. En este contexto, lo que nos llega de los EE. UU. últimamente no resulta especialmente ejemplar ni inspirador excepto por una cosa: el cambio es cuestión de audacia y voluntad política que al equipo de gobierno del presidente, en lo que se refiere a la 230, le ha costado solo unas pocas horas reunir.

Durante décadas, Europa ha estado importando conceptos jurídicos nacidos en el ámbito económico norteamericano que, en ocasiones, le impiden ser ella misma. Reformar la legislación y actualizarla tiene aquí todavía más sentido que allí dado que no hay campeones tecnológicos propios que proteger sino, en todo caso, una potencia tecnológica extranjera de la que protegerse. ¿Qué pasaría si se pusiesen en marcha las leyes antimonopolio contra sus monopolios de Internet? ¿Y si se aprobase una verdadera protección de la privacidad que acabase con el modelo extractivo de vigilancia a la americana? ¿O qué tal una revisión del derecho de la competencia basado en una noción de esta que no esté importada de Chicago?