Extractivismo de datos” es el diagnóstico crítico que el analista Evgeny Morozov lleva años haciendo de la Internet corporativa actual que se encuentra en manos de unos pocos gigantes tecnológicos. La expresión se refiere a la forma de acumulación económica dominante en ese ámbito -la extracción- y a su recurso clave -los datos-. El autor advierte de los altos costes sociales, económicos y políticos de ese modelo. Confía en que, conforme estos vayan saliendo a la superficie en los próximos años, se abrirá una ventana de oportunidad que permitirá aprovechar la controversia para plantear una alternativa, especialmente en Europa.

El juego de la disrupción

Durante años el debate acerca de un sector altamente estratégico como el tecnológico, cuyos efectos van desde la seguridad nacional hasta a los derechos de privacidad del ciudadano, parecía haber quedado suspendido en el tiempo. A cambio, fue sustituido por un relato lleno de vagas promesas de progreso asociadas a la digitalización. Empresarios vestidos en tejanos y zapatillas de deporte se dedicaron a pintar la innovación de color de rosa. Presentaron su “disrupción” como un juego inocente y casi obligatorio para no perder el tren del progreso. Así consiguieron desviar la atención de una de las leyes clásicas de esa materia: la tecnología en si misma no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutral.

Conforme usuarios o políticos se van despertando de ese sueño futurista creado en Silicon Valley, se encuentran cara a cara con el status quo: un puñado de gigantes tecnológicos americanos -junto a otros chinos que van a la zaga- se han adueñado de la situación y dan señales de que no tendrán ningún reparo en abusar de su poder cuando llegue el momento. Las historias publicadas la semana pasada sobre Facebook, que ha estado pagando por inventar una teoría de la conspiración para salvar su imagen, o sobre Google, que ha maniobrando para hacerse con el control de datos de pacientes de la sanidad británica, son un anuncio de lo que está por venir.

Unos episodios que los tecno-optimistas consideran casos aislados. Todavía hay quienes ven a Twitter, Facebook o Google como abanderados de una nueva forma de apertura horizontal que “empodera” al ciudadano dándole voz propia y lo libera de sectores superfluos como la prensa.

El proyecto de Silicon Valley

Pero, lejos de parecerse a una revolución, lo que está sucediendo se asemeja más a una aceleración o una perfección de lo que ya existía. Silicon Valley no supone una amenaza para Wall Street, Washington o el Pentágono; es su nuevo socio. Son precisamente las tecnologías de la información las que están apuntalando al viejo capitalismo e impulsándolo en esta nueva fase en la que ha entrado. La sangre fresca que circula ahora por sus venas dándole vida, son los datos. Ellos son el recurso valioso alrededor del cual se ha organizado la economía digital. Quienes los controlen, acumularán la riqueza y el poder.

Todo esto ha sucedido en una época en la cual la crisis financiera, la Gran Recesión y una recuperación económica desigual alertaban del agotamiento del modelo económico. Cada vez más trabajos han dejado de garantizar que quienes los realizan acabarán algún día pudiéndose comprar una casa, jubilándose o sencillamente criando a sus hijos. En este contexto, las grandes tecnológicas extractivas, que disocian a quien les paga de quien usa sus servicios, se presentan regalando productos aparentemente gratuitos que facilitan la vida de los ciudadanos. Por el contrario, el estado se manifiesta para ellos como un gran entrometido. No solo vigila y exige datos como hacen esas empresas, sino que, además, reclama dinero para pagar unos servicios públicos mal financiados y deficientes.

El proyecto extractivista en la economía de la información consiste en poner cada vez mas parcelas de bienestar en manos de los gigantes tecnológicos. Facebook se ha ofrecido a ser la infraestructura social que sustituirá a formas tradicionales de comunidad -como familias, religiones y estados- que han perdido la confianza del público; Google está haciendo una apuesta por la innovación en sanidad o educación; Uber se encargaría de la movilidad y Airbnb de la vivienda. 

Lo que pretenden esas corporaciones es llegar a convertirse en los servicios públicos de un bienestar sin estado. Para conseguirlo, cuentan con inversiones multimillonarias provenientes del  capital de alto riesgo. En muchos casos, se trata de grandes fondos soberanos de países como EEUU, China,  Japón, Arabia Saudí o Singapur que las financian masivamente  para que consigan dominar un mercado tras otro.

El papel de Europa

No hace falta explicar las enormes implicaciones que estos desarrollos tienen para la libertad, la prosperidad o la seguridad. Cada vez menos decisiones se tomarán en los parlamentos y más en los despachos de las corporaciones. En particular, Silicon Valley es un ataque permanente al modelo democrático de bienestar a la europea.

Mientras que EEUU y China han favorecido a sus industrias digitales nacientes creándolas con fondos públicos y protegiéndolas con normativas favorables, Europa ha hecho lo contrario. Excepto en algunos casos conocidos, las instituciones europeas siempre han defendido una idea de la competencia favorable a las grandes corporaciones -los gigantes tecnológicos americanos, en este caso-. Las directivas comunitarias de comercio electrónico o de servicios continúan dando un trato privilegiado a los GAFAM en defensa de un libre mercado que suele acabar asemejándose al duo/monopolio. Esto ha dejado a la UE sin capacidad tecnológica propia.

Pero el hecho de no tener la economía digital ligada a gigantes tecnológicos domésticos pone al continente en una posición favorable para liderar un cambio que cada vez es más necesario. Nuevas crisis de privacidad, más muestras de abusos de poder u otras formas de traicionar la confianza del usuario nos esperan a la vuelta de la esquina. Ni Washington ni Pekín van a hacer nada sustantivo por meter en cintura a sus descontrolados gigantes. Europa, por el contrario, tiene la oportunidad de cambiar las normas de la industria conciliando tecnología con política y hacerlo, además, en sintonía con los intereses estratégicos de la región.

El régimen del extractivismo de datos

Cuando en 2001 Google descartó adoptar un modelo de pago por servicio y empezó a vender anuncios, se abrió la veda del capitalismo de vigilancia. Es el nombre para otro análisis crítico de la industria de la alta tecnología que complementa en gran parte al que estamos resumiendo aquí. Muchas start-ups y apps siguieron los pasos de aquellos pioneros dedicándose a extraer datos del usuario para vendérselos a anunciantes. Sucedió en un salvaje oeste digital donde todo vale. Al margen de la ley, se toma lo que se necesita sin pedir permiso, cruzando los límites hasta que el regulador o el consumidor reacciona.

Esta política de hechos consumados se ha instalado entre nosotros sin que el activo fundamental de la sociedad de la información, la información misma, haya sido objeto de consideraciones previas acerca de su naturaleza o de los modos de propiedad y gestión más convenientes. Este es, precisamente, el punto de partida para plantear alternativas al extractivismo de datos: determinar claramente quien es el titular de la información y buscar formas de gestión que le devuelvan efectivamente el control. Será necesario, además, evitar que ese recurso clave acabe aparcado en silos inaccesibles, impidiendo que circule como la sociedad conectada en red requiere.

Bajo un régimen extractivista, los datos privados acaban perteneciendo precisamente a quien los extrae y no a su titular. Este tiene pocos medios a su alcance para conocer y controlar la información que las firmas cosechan y almacenan acerca de él. El panorama a día de hoy es exactamente así, con unas pocas empresas globales, que operan en condiciones cercanas al monopolio, controlando los datos del mundo.

Desequilibrio de mercado

Hay una línea de actuación que confía exclusivamente en mecanismos de mercado para afrontar tales desequilibrios. La visión mercado-céntrica es un automatismo ampliamente compartido, tanto por los ingenieros de Facebook, como por los funcionarios de la UE, entre otros. Se trata de una mentalidad que no encuentra nada fundamental que objetar al estado actual de la economía digital. Pese a la desproporción de los desajustes a la vista, tiende a pensarse que con una ligera corrección de rumbo, el mercado se las arreglará para equilibrarse.

Tanto los políticos de la UE, como los líderes de las tecnológicas están de acuerdo en aplicar el mínimo intervencionismo posible. Las herramientas con las que los funcionarios europeos tienen previsto hacerlo son: el derecho de la competencia y la legislación antitrust (que curiosamente benefician a los monopolios digitales), la defensa del consumidor, la normativa de protección de la privacidad y las medidas fiscales. Por su parte, los techies intentarán negociar que archiven medidas a cambio de prometer más auto-regulación o introducir mejoras en sus tecnologías. En una conferencia sobre protección de datos en Bruselas, el propio Tim Cook -CEO de Apple- ha manifestado su apoyo a la regulación europea de protección de la privacidad criticando lo que él denomina el “complejo industrial de los datos” que los explota comercialmente con “eficiencia militar”

La propiedad de los datos

Otra reacción mercado-céntrica es la de quienes proponen extender el paradigma de la propiedad privada a los datos personales. Las empresas que planeen obtener beneficios con ellos tendrían que pagar antes a sus titulares. De esta forma, el régimen extractivista seguirá en vigor, pero se hará más costoso para quienes se dedican a explotar la información de otros.

Sin embargo, algunas dimensiones nuevas que surgen en torno a los datos en la economía de la información quedan así desatendidas. El conjunto de derechos individuales asociados a la propiedad privada sobre los bienes no alcanza a darles una respuesta. Las ciudades con calles y semáforos pagados por los contribuyentes, por ejemplo, necesitan ahora sensores y datos para que la movilidad funcione como se espera de ellas en el siglo XXI. Los derechos de la propiedad privada acabarían encerrando a la información en departamentos estancos impidiéndole fluir por unos sistemas circulatorios que la necesitan para funcionar.

Respecto a la situación de partida, el reglamento de protección de datos RGPD y las propuestas de impuestos a las tecnológicas de la UE son un paso adelante. Sin embargo, hay quienes piensan que pronto la coyuntura será tal que es momento de ser más ambiciosos y planificar la forma de liberar a la innovación de quienes actualmente la están manipulando a su servicio.

Frente a la lógica del extractivismo, emerge una alternativa sin un nombre claro por el momento -su principal defensor la ha llamado en alguna ocasión distribucionismo-. Las soluciones que propone no están del todo articuladas, aunque existen algunos programas pioneros desarrollándose, sobre todo, en el ámbito municipal. Lo que si está más claro son los principios sobre los que se espera cimentar un nuevo modelo. Estos son los principales:

Un tipo de propiedad sobre los datos que engloba derechos individuales y colectivos.

Evidentemente, el control de los datos no puede seguir en manos de quienes los extraen de sus usuarios. Son los usuarios quienes tienen que volver a ser dueños de sus datos, pero no bajo una tipo de titularidad construido a imagen y semejanza de la propiedad privada. La forma de entender la propiedad sobre los datos no solo tiene que garantizar la privacidad y el libre comercio, también es necesario que el papel que tienen en muchos servicios necesarios para que las sociedades funcionen se reconozca y se institucionalice. De esta manera, se manifiesta la dimensión del big data como un bien común que debe de preservarse mediante una gestión adecuada. Esto requiere nuevas instituciones que aseguren el ejercicio de esos derechos colectivos sobre los datos personales.

Cultivar parcelas de datos.

Se necesita cultivar parcelas de datos variadas donde los datos se cosechan con lógicas diferentes en función de lo que se persiga: mejorar el transporte, promover la investigación, favorecer el comercio…

Múltiples permisos de acceso.

Quienes necesiten datos para crear servicios podrán acceder a ellos en función el uso que quieran darles. Universidades, emprendedores, investigadores o ciudades tendrán diferentes condiciones de acceso en función del impacto positivo de su propuesta. En ocasiones incluso podrán recibir los datos gratis o con subsidios. Si una corporación quiere recopilar información personal del usuario para hacerle publicidad, puede hacerlo pero bajo unas condiciones y a un precio determinado. Del mismo modo, puede que una aplicación de inteligencia artificial tenga poco valor comercial, pero merezca acceso gratis a los datos por su utilidad en otro ámbito.

Gestión pública sin control estatal.

El ciudadano desconfía del estado que ya le vigila demasiado. El abuso de poder y el mal uso de los datos para manipular comportamientos no es exclusiva de las corporaciones. La alternativa que se propone para superar el extractivismo de datos es un modelo de gestión pública donde la información no acabe siendo controlada por el estado. El objetivo es recuperar los datos del poder de las corporaciones para entregárselos de vuelta a los usuarios permitiendo, a su vez, las utilidades colectivas del big data. El régimen que sustituya al extractivismo debe de estar basado en principios democráticos de transparencia y control ciudadano.

Plantear alternativas a la dependencia de infraestructuras propiedad de empresas privadas.

Los datos por si solos no valen nada. Son las plataformas las que van inventando nuevas formas de sacarles valor. Se trata de unas infraestructuras que actualmente están en construcción apoyadas por tales inversiones de capital que nadie puede competir con ellas, ni siquiera los estados. Se necesita encontrar la forma de socializar la infraestructura, no solo los datos, para dejar de depender de esas grandes empresas y construir otra cosa. 

Actualmente, gran parte de la inversión y la innovación se orienta en última instancia a desarrollar el proyecto del extractivismo de datos. Inicialmente, fueron las ciudades las que empezaron a reaccionar en contra. Por su cercanía con el ciudadano, ellas son las que detectan los efectos nocivos de decisiones que, a pesar de que se toman en despachos a miles de Km, les afectan. Son, también, las que necesitan fuentes de datos no corporativas para que los servicios municipales funcionen. Los estados, por su parte, van poco a poco despertando de ese sueño aparentemente inocente de la disrupción inducido por las multinacionales. Las cuestiones relacionadas con la soberanía tecnológica están ahora más que nunca sobre la mesa.