Chris Lehane, el estratega jefe de Airbnb, acaba de pasarse por Madrid en visita comercial. Lo que les está vendiendo a las ciudades son leyes favorables a su empresa. Durante sus años en la directiva, la compañía ha ido perfeccionando la «caja de herramientas políticas» —una traducción aproximada de Policy Tool Chest—. Cada vez que Airbnb consigue sentarse a la mesa con un gobierno local en calidad de socia preferente, su representante saca la caja de herramientas.

Asesores de imagen a sueldo como Lehane llegan a la ciudad de turno con un catálogo de innovadoras regulaciones experimentales que, según dicen, en otros lugares del mundo, funcionan. Los llaman pactos o incluso acuerdos sociales; sin embargo, su naturaleza es otra. En realidad, esas «herramientas políticas» son ungüentos de serpiente que la tecnológica californiana asegura sirven para solucionar todo tipo de problemas urbanos. Se presentan como win-win para todos, pero luego, no funcionan como se prometió. Mientras que las ciudades no notan los resultados esperados, Airbnb va engordando y haciéndose con el control del espacio turístico o, incluso, más allá de él.

Marca hacker

Estos tratos son, ante todo, acciones de branding dirigidas a reforzar la marca. En cuanto un representante de la multinacional sale de una de esas reuniones, suele montar un show mediático con declaraciones a la prensa más propias del concejal de urbanismo que de un directivo de empresa privada. Anunciando que hay otra ciudad Airbnb que añadir a ese grupo selecto de más de 500, se lanza un mensaje claro: se tranquiliza a los futuros inversores dando la sensación de que los asuntos regulatorios están controlados y se valida el modelo de turismo propio, frente al de la competencia.

Por otro lado, los instrumentos que se ofrecen a los ayuntamientos esconden verdaderos hackeos legislativos. En el fondo, son artefactos jurídicos difíciles de encasillar diseñados maliciosamente para acabar dándole el control a los californianos por la puerta de atrás. Las normas que permiten el alquiler de vivienda habitual por debajo de un número de días, por ejemplo, no funcionan. Hacen al ayuntamiento dependiente de la buena voluntad de Airbnb para que les pase información fiable y ella solo lo hace si le interesa.

El señuelo para Madrid

En los círculos de poder de Washington, Lehane es un personaje muy conocido por haber sido asesor de Clinton en sus momentos más bajos. De su anterior trabajo, se trajo consigo a la startup californiana un arsenal de trucos de propaganda aprendidos de la política.

A Madrid, por lo que se lee en la entrevista que dio para Cinco Días, se ha traído algunos de esos trucos especialmente adaptados para la ocasión: explotar la rivalidad Madrid-Barcelona y aprovechar la debilidad de un alcalde obsesionado con deconstruir lo que hizo la anterior alcaldesa. Descubrir vulnerabilidades y colarse por ellas para tomar las riendas es la especialidad de hackers y propagandistas por igual.

Lo mismo que en mayo estaba en Igualada diciéndoles la suerte que tienen de ser su LAB, en Madrid, anuncia que serán su HUB.

Pero a la capital ha venido también con sus argumentos clásicos. Si quieres ser una ciudad moderna, tienes permitir el alquiler turístico de vivienda habitual con Airbnb, insinúa Lehane. Según esta línea argumental, las ciudades tienen que aprender a separar el alquiler turístico de vivienda habitual del profesional. Aquellas con visión de futuro regulan por separado el home sharing —la vivienda habitual que se alquila esporádicamente por habitaciones o cuando el residente no está— de los VUTs —apartamentos enteros dedicados de forma permanente y profesional al alquiler para turistas—. La que así no lo haga, no pertenecerá al club de las ciudades a la última.

Jugar al despiste

La trampa de este argumento es que quién tiene realmente que aprender a separar una cosa de la otra es Airbnb, pero no le interesa. En esto siempre ha jugado al despiste. Confundirlo todo en su oferta le sirve para decir que nadie le entiende. Su plataforma es un batiburrillo de distintos tipos de alquileres para turistas: apartamentos o habitaciones, con o sin licencia, en viviendas habituales que se alquilan por días esporádicamente o en espacios dedicados al 100% al alojamiento para turistas, con el residente o sin él durante la estancia. Todo vale, la plataforma no lo niega, pero lo disimula hablando siempre del tipo de alquiler que le da mejor imagen y escondiendo al resto. En realidad, esa comunidad de anfitriones particulares no es en absoluto la prioridad de la compañía que prefiere los VUTs, Bed and Breakfast y hoteles, que salen más rentables.

Aquí, la cuestión clave para las ciudades es que la idea de home sharing fue capturada por Airbnb para rediseñarla maliciosamente e insertarla como un troyano en las regulaciones locales. Los ayuntamientos que adopten este tipo de legislaciones acabarán siendo dependientes y tendrá a Airbnb permanentemente sentada a la mesa como otro órgano semipúblico asociado a la institución. No hay cosa que le gustaría más a Airbnb que estar invitada a la negociación de por vida.

Aprender por el camino difícil

Por otro lado, la compañía es conocida por entregar datos falsos a las autoridades, como ha reconocido en los tribunales de NY, o por retirar a su voluntad el acceso a los sistemas de información de reservas, como pasó en Nueva Orleans. Además, en cuanto los oficiales se dan la vuelta, la plataforma vuelve a llenarse de los llamados «malos actores».

Varias ciudades como Ámsterdam, Nueva Orleans, San Francisco o New Jersey aprendieron la lección por el camino difícil. Primero, aprobaron leyes amigables con la plataforma y, luego, al ver que no funcionan, tuvieron que rectificar. A pesar de que se va sabiendo que sus planteamientos no son lo que parecen, algunos políticos locales deciden enredarse con los líderes de la tecnológica. Cuanto más lo hacen, peor como se ha visto en el caso extremo de Boston. Su acuerdo con la multinacional tiene una cláusula que obliga al ayuntamiento a aplicarlo a todo el sector.

Bajo tu propio riesgo

Como era de esperar, Lehane dijo en la entrevista la cifra de beneficios que su empresa ha calculado que aporta a Madrid. Los representantes de la compañía no suelen perder la oportunidad de mencionar los estudios de impacto que elabora habitualmente. A pesar del valor periodístico cuestionable de este tipo de informes —cocinados con datos que la compañía no permite comprobar—, la prensa se suele hacer eco de ellos.

Pero quienes verdaderamente harán bien en evitar todo ese material que presenta la empresa, son las administraciones públicas. En especial, cuando se trata de las herramientas regulatorias y los casos prácticos que trae Airbnb en su maletín. Estos artefactos son el resultado de una capacidad retórica fuera de lo común. Para la toma de decisiones municipales informadas, están totalmente desaconsejados. No hay que olvidar que han sido redactados por una compañía maestra en construir relato que tiene en nómina a manipuladores natos como Lehane.

¿Te interesa el tema? Más en el libro Airbnbullshit. Inventos y tretas de una multinacional pendenciera.