La sociedad de la información en construcción se asienta sobre inquietantes desequilibrios. Para entenderlos y tratar de solucionarlos, merece la pena pararse a reflexionar acerca de la naturaleza misma de esa información y descubrir la dimensión de los datos como infraestructura y como bien común.

Anomalía

El régimen que se les aplica a los datos en Internet es una rareza desde un punto de vista mercantil. El titular, a quien deberían de pertenecer, ha perdido el control sobre ellos. El internauta apenas tiene manera de saber cuánta información, cómo y para qué se obtiene de él en cada momento. Las grandes compañías tecnológicas son las que extraen esos datos libremente y hacen negocio con ellos. Esa disociación que existe entre el titular de los datos y quien obtiene los beneficios es una anomalía que ha permitido que un nuevo modelo económico —el capitalismo de vigilancia— alcance un éxito desproporcionado.

El usuario no se muestra especialmente preocupado por este estado de las cosas. Dos años de escándalos de privacidad encadenados han ido sacado a la luz las malas prácticas en la custodia de la información de los gigantes tecnológicos sin apenas pasarles factura. Con más o menos entusiasmo o resignación, siempre que sea gratis, los usuarios se mantienen fieles a una Internet que les espía. El público se ha acostumbrado a la utilidad y la conveniencia de los servicios que encuentra en ella y no está claro si alguna de las crisis privacidad que ya se están incubando acabará por hacerle reaccionar y buscar alternativas. 

Recuperar el dominio de los datos

Aunque no sea un sentimiento mayoritario, la situación ha empezado a resultar inaceptable para algunos. Hay usuarios se sienten expropiados por unas empresas que se han hecho extremadamente ricas y poderosas mediante operaciones opacas con los datos que les pertenecen. 

Una de las reacciones de quienes buscan reapropiarse de sus datos ha sido tratar de venderlos a terceros. Los argumentos de quienes han elegido este camino dejan entrever una sensación de derrota: dado que no se puede hacer nada por evitar que esas empresas obtengan datos y trafiquen con ellos, la única opción que queda es venderlos uno mismo a otros comerciantes. En los tiempos de la post-privacidad, la protección de datos se da  por perdida. 

Ese fue el punto de partida de un experimento que se publicó en el número de enero de este año de la revista Wired. El periodista Gregory Barber entró en la Internet profunda a vender sus datos —que incluían su biografía de Facebook, su localización GPS, sus itinerarios de deporte o detalles de su historial médico—. Allí encontró numerosas iniciativas que prometen devolver la información a sus dueños legítimos organizando mercados digitales donde sacarles rendimiento económico.

Después de varios días revisando los términos y condiciones de plataformas dudosas y tras tratar con un oscuro intermediario en buenos aires, se decidió por tres de esos marketplaces donde cambiar sus datos por criptodivisas. Al final de la operación, la cantidad traducida a dólares que consiguió ascendía a la friolera de 0.3 céntimos. 

Datos y propiedad privada

Puede que los datos sean un recurso muy apreciado —los necesitan, sobre todo, los modelos de negocio basados en anuncios y quienes desarrollan la inteligencia artificial—, pero los de un individuo aislado apenas tienen valor económico. Solo anonimizados y agregados en bases de datos masivas operadas por potentes infraestructuras, tienen verdadero valor. 

A aquel periodista le hubiese ido mejor vendiéndoselos a Facebook directamente. La red social ha estado pagando 20 euros al mes a usuarios —principalmente adolescentes— que le dieron permiso para acceder a los datos de navegación de sus Iphones.  Quienes están en condiciones de pagar bien por la información personal del usuario son los que llevan años de ventaja explotándola. Ellos son los únicos que tienen la infraestructura capaz de crear esos innovadores productos predictivos por los que los anunciantes están dispuestos a pagar altas sumas.

Tratar los datos personales como propiedad privada es la primera solución que se nos suele ocurrir para recuperar el control sobre ellos. Pero ese derecho al que se acude de forma casi utomática no es capaz de dar respuesta a la complejidad del papel de los datos en la sociedad actual. No son solo las compañías de anuncios las que los buscan, también los investigadores, los hospitales o los sistemas de movilidad de las ciudades los necesitan para mejorar. El viejo paradigma de la propiedad aplicado a los datos acabaría por encarecerlos y los encerraría en compartimentos estancos, impidiendo el acceso a ellos a quienes no puedan pagarlos.

Datos como bien común

A día de hoy la situación de los datos es una de las peores imaginables. La fiebre del oro por acumularlos se desató sin un debate previo acerca del sistema adecuado para manejarlos. Finalmente, como en una mina del salvaje oeste, han acabado perteneciendo a quienes los extraen. 

Ese modelo está demostrando tener tantos inconvenientes que es urgente encontrar otra forma de gestionarlos. Debería de ser una que, por un lado, devuelva el control a sus titulares, mientras que aporte a su vez soluciones y mejoras para el conjunto de la sociedad.

Los datos no pueden ser tratados como cualquier otra mercancía que se almacena, se compra y se vende. Su disponibilidad y su uso son necesarios en el ámbito público, no solo en el privado. Los planteamientos que se fijan exclusivamente en la propiedad privada olvidan la dimensión de los datos como bien común. En ciertos aspectos, hay que considerarlos como el agua o una carretera.

Datos como infraestructura

En el siglo XXI, los datos forman parte de las infraestructuras. Su funcionamiento, diseño y mantenimiento depende de que exista un suministro de datos de calidad —en muchos casos, a tiempo real—. Las formas en la que estos se presentan y las fuentes de donde proceden son múltiples y pueden estar fuera del control de las instituciones tradicionales. Esto supone un reto a la hora de gestionar de manera segura y efectiva esas infraestructuras indispensables. 

Una estrategia de gobernanza de datos gana valor cuando se sitúa en un contexto nacional amplio y cuando se alinea con la visión global de la nación. 

Comisión Nacional para Infraestructuras. Reino Unido. 2017.

Hasta ahora, las innovaciones tecnológicas y los nuevos modelos de negocio digitales se han estado tratando como cuestiones que incumbían, principal y casi exclusivamente, a la libre competencia. Al identificar los datos con las infraestructuras, este debate se devuelve a ámbitos que quizás nunca debió de abandonar como la prosperidad, el progreso y la seguridad nacional. Poner todo el poder de los datos en manos de unos pocos gigantes tecnológicos americanos compromete la planificación, el desarrollo y el manejo de infraestructuras propias.

El papel de las administraciones

En 2017 la Comisión Nacional para las Infraestructuras del Reino Unido publicó dos informes, uno sobre los datos como bien común y otro sobre los datos como infraestructura. Allí se exponen diferentes estrategias para la gobernanza de los datos con roles para las administraciones diferentes en cada una.

En ellos, se habla del gobierno como proveedor de datos, con iniciativas de open data que los pone a disposición de los ciudadanos; del gobierno como habilitador, donde diseña el intercambio de información entre distintos proveedores incluido él mismo; el gobierno como laboratorio para la investigación en una iniciativa concreta propiciada por él; o el gobierno como sistema inteligente a imagen de las smart cities, pero referido a otros territorios diferentes al municipal.