Han tenido que pasar cinco años desde que se anunció, pero por fin las habitaciones que se alquilan para turistas en viviendas de particulares dejan de estar en un limbo legal en Cataluña. A mediados de agosto de 2020, se publicaba un decreto que desarrolla el reglamento turístico catalán donde se recogen los «hogares compartidos», un tipo de alojamiento que se ha hecho popular en los últimos tiempos gracias, sobre todo, a Airbnb. Con el estilo característico de sus comunicaciones, la compañía californiana celebró en una nota de prensa «el paso adelante» que supone la norma, no para ella, sino para «numerosas familias catalanas».

Sin embargo, es probable que, más que por la regulación en sí, los directivos de Airbnb se hayan alegrado por el desconcierto que se ha vivido tras la publicación del decreto en el ayuntamiento de una de las ciudades más críticas con su empresa. La falta de coordinación con la Generalitat puesta de manifiesto por algunos cargos y grupos municipales barceloneses refuerza los argumentos de una compañía que cuestiona en todo momento a los reguladores. Especialmente desconcertante ha sido la patata caliente con las competencias en esta materia que han intentado los de Barcelona en Comú: primero se las pidieron a la Generalitat y, cuando el decreto se las da, resulta que ya no las quieren.

A finales de noviembre de 2019, cada grupo municipal tuvo la oportunidad de pronunciarse y hacer sus propuestas a un decreto que entonces parecía inminente. La posición del consistorio se concretó en un pleno que debatió una iniciativa de ERC para elevar al gobierno catalán aquello que debía de tener en cuenta al redactar la norma según una ciudad que ya acumulaba varios años de experiencia con el nuevo fenómeno de las habitaciones para turistas. La intervenciones pueden verse a partir del minuto 03:32:00 de la sesión.

Allí, Barcelona en comú insistió en que el reglamento debía incorporar una habilitación jurídica al nivel local, sobre todo, en materia de inspección y una moratoria de un año para desarrollar una ordenanza específica. Al leer el texto que se aprobó definitivamente, esto es precisamente lo que se recoge en él. Vistos ambos documentos juntos, resulta poco razonable lanzarse luego a las redes sociales a decir que el gobierno les pasa la pelota a los ayuntamientos con una norma menos restrictiva de lo que esperaban sin haberlo pedido claramente.

La explicación a este malestar es que algunos oficiales municipales acaban de darse cuenta de una cosa: el requisito de la residencia efectiva del que alquila la habitación durante la estancia de los turistas es muy difícil de probar. Con el cuerpo de inspectores ya saturado tramitando expedientes de apartamentos ilegales, las habitaciones corren el riesgo de desbordarles. Esta modalidad de alojamiento podría utilizarse por las plataformas y sus usuarios para burlar las normativas. De hecho, es algo que ya está pasando. Desde que los apartamentos tienen una legislación restrictiva, el número de habitaciones que se anuncian en las plataformas no ha parado de crecer. En ocasiones, los que reservan una pensando que convivirán con residentes locales acaban alojándose con otros turistas en pisos que se destinan enteros al alquiler turístico habitación por habitación.

La cuestión es que la residencia efectiva del arrendador probablemente no sea un requisito incómodo del que se pueda prescindir, tanto como uno de los elementos que definen la modalidad de alojamiento que se quiere legislar: el alquiler turístico parcial de la vivienda habitual. Aquí el alquiler, además de turístico, (que dure menos de 31 días) tendrá como objeto solo una parte de la unidad de vivienda (no se puede alquilar toda, porque entonces se trataría de otra modalidad) y ha de tratarse de la vivienda habitual (con el arrendador residiendo en el momento de la estancia).

Por claridad, seguramente hubiese sido preferible empezar por llamar a las cosas por su nombre y no hablar de «hogares compartidos» esquivando así el marco discursivo que Airbnb consigue imponer como punto de partida. Alquiler turístico de habitaciones o habitaciones turísticas hubiese servido, pero se ha optado por algo menos neutro. La expresión que se ha hecho finalmente oficial es una traducción casi literal de «home sharing» un término difundido por una multinacional con ánimo más que evidente de manipular la opinión del público a su favor. ¿A qué tipo de desalmado se le ocurriría limitar o restringir los hogares compartidos, una práctica donde la pertenencia se funde con la hospitalidad? Otra forma menos idealizada de verlo es que, lejos de compartirse, parte del hogar se estaría sacrificando para convertirse en alojamiento turístico que se alquila, en muchos casos, por necesidad económica.

Lo anterior sería solo pura nomenclatura si no nos encontrásemos ante una compañía con una capacidad retórica fuera de lo común librando una batalla por el relato que en algunos aspectos ya tiene ganada. Durante aquel pleno del ayuntamiento de Barcelona, incluso los grupos más críticos con Airbnb hablaron de hogares compartidos y, en algún caso, de economía colaborativa —otra de esas narrativas que la tecnológica ha estado utilizando para justificar prácticas de negocio dudosas y para colar una actitud de menosprecio frente a lo público —. Resulta chocante que las propias administraciones públicas estén comprando un discurso así, pero, gracias a novedosas y sofisticadas campañas de relaciones públicas, el argumentario de la compañía ha ido calando entre la ciudadanía y algunos políticos.

El home sharing es uno de esos artefactos diseñados por unos genios que lo son de la tecnología y la propaganda por igual. Para descubrir los peligros que encierra un concepto aparentemente inofensivo, en el libro sobre Airbnb publicado aquí el año pasando, el home sharing se comparaba con un software malicioso que está programado para darle el control a la firma en la distancia. El papel de los políticos sería detectar ese malware y neutralizarlo a base de leyes y voluntad política de hacerlas cumplir —como ha estado haciendo el ayuntamiento de Barcelona con los apartamentos—. Los principales elementos que juntos se combinan para provocar ese efecto malicioso en el concepto «hogar compartido» son estos:

El hogar como símbolo de pertenencia, apertura y hospitalidad. Lo problemático en este sentido es que lo que Airbnb propone es convertir a los hogares en activos turísticos. Sin embargo, hay muchos motivos por los que ver con preocupación la mercantilización de la idea de hogar. Para tener la rotación necesaria en el mercado turístico, los espacios, personas y cosas tienen que pasar por una transformación. Las cámaras de vigilancia en las zonas comunes, por ejemplo, son cada vez más frecuentes en los airbnbs causando problemas de privacidad. Considerar a los hogares como bienes de mercado acaba teniendo consecuencias para las familias, los vecindarios y las ciudades donde viven.

El home sharing como derecho que tiene el residente a disponer como quiera de sus espacios. En realidad, tal derecho no existe y se trata más bien de una licencia económica para realizar una actividad de las que suelen estar sujetas a ciertas condiciones sanitarias, de seguridad o, en este caso, relacionadas con el derecho de los vecinos al descanso y el acceso a la vivienda asequible.

El home sharing se justifica muchas veces como práctica económica con alto valor social, porque permite a familias y residentes precarios obtener ingresos extra del turismo. Sin embargo, Airbnb no tiene ningún compromiso verdadero con esas familias y residentes en apuros económicos. Una compañía mercantil como ella no tiene ni competencias ni rinde cuentas por mejorar la situación económica de colectivos desfavorecidos. Por definición, se debe a su cuenta de resultados y sus inversores. De hecho, ha estado utilizando a esos usuarios que le dan buena imagen como parapeto para ocultar a otros que le hacen quedar peor. Desde sus inicios, las familias y residentes de las que habla en sus comunicados tienen que competir y compartir la plataforma con empresas profesionales, apartamentos ilegales y hasta mafias. Airbnb conoce estas prácticas y no hace todo lo que está en su mano para atajarlas a no ser que se le exija cumplir las leyes con penalizaciones. Condicionar la concesión de licencias para alquilar habitaciones turística a demostrar la situación económica de los solicitantes podría ser una forma de asegurarse de que esta modalidad de alojamiento aporta ese valor social con el que se justifica, siempre que la legislación permita hacer tal cosa.

El home sharing provoca un efecto de loophole —rendija o coladero— de alojamientos ilegales. Esto sucede en las dos modalidades de alquiler turístico de la vivienda habitual que existen. Para regular el que tiene por objeto toda la vivienda —cuando el residente está ausente por que se ha ido de vacaciones, por ejemplo— las leyes suelen prever un número máximo de días de alquiler al año por encima del cual se entiende que ya no se trata de una vivienda habitual, sino de un apartamento turístico. En varias ciudades, estos límites se están abandonando porque no hay forma de controlar si se cumplen o no. Cataluña ha evitado este tipo de regulación y alquilar el apartamento completo requiere licencia de apartamento turístico en todo caso. Esta modalidad de home sharing ha quedado por lo tanto descartado, porque se entendió que servía principalmente para saltarse las normas.

Por su parte, el alquiler turístico parcial de la vivienda habitual —el de las habitaciones para turistas— exige la residencia efectiva del que alquila su espacio durante la estancia algo que, como hemos visto, dificulta la labor de los inspectores. Una vez admitidas las habitaciones turísticas, hay pocas alternativas para tapar esa rendija legal, salvo ser restrictivo al conceder licencias y exigir a las plataformas cumplir con unas obligaciones de transparencia a la hora de publicar los espacios con licencia que, por el momento, los tribunales abalan en España, pero que podrían acabar siendo ilegales a nivel de la UE.

La prevención que ha mostrado Barcelona en Comú con la nueva norma tiene sentido, la pena es que no la expusiese antes, especialmente, en el momento oportuno durante aquel pleno municipal. En línea de lo que allí se pedía, el decreto pone el peso de ordenar la actividad en los ayuntamientos. Por un lado, es positivo que estos tengan un papel regulador, ya que ellos son la administración más cercana y la más reactiva a los problemas según van surgiendo. Sin embargo, también hay que pensar que Airbnb mantiene una verdadera guerra de desgaste con los gobiernos locales. En ella, los instrumentos de presión que utiliza la compañía son sofisticados, están bien financiados y se mantienen a largo plazo. Muchas veces, los consistorios se ven en situación de inferioridad frente a las ambiciones reguladoras de una empresa que pretende ser un socio preferente llamado a legislar la actividad turística mano a mano con las administraciones. Esto puede sobrepasar a algunos ayuntamientos, especialmente, en los momentos de debilidad electoral, presupuestaria o de otro tipo que Airbnb sabe explotar.

Con la regulación de las habitaciones para turistas, la Generalitat repite la filosofía de hace ya casi una década al ocuparse de los apartamentos turísticos. Lo de liberalizar a su nivel y dejar decidir a los ayuntamientos si ser más o menos restrictivos seguramente tenía más sentido al tratarse de una realidad tan heterogénea como la de las Viviendas de Uso Turístico —no es lo mismo la situación de un apartamento en la playa de Lloret o Salou, uno en el centro de Barcelona u otro en el interior—. Las habitaciones para turistas, por el contrario, son más homogéneas. El 70% de ellas están localizadas en Barcelona. Esto permitiría simplificar las normas con una regulación para todo el territorio catalán clara y fácil de aplicar. Especialmente inoportuna resulta esta liberalización ahora que Airbnb se ve empujada a ruralizarse debido a los cambios en los hábitos de los viajeros por el Coronavirus. Las habitaciones para turistas podrían interferir con los alojamientos rurales y servir nuevamente de rendija para colar ilegales.

Recientemente el Tribunal Supremo, corrigiendo su criterio anterior, ha dejado la puerta abierta a que CCAA y ayuntamientos limiten los alquileres turísticos a aquellas viviendas que se destinan completamente y de forma permanentemente a alojar a turistas. Galicia, por ejemplo, ha descartado las habitaciones turísticas para garantizar los derechos de los usuarios y asegurar una oferta de calidad con otro tipo de alojamientos. El supremo exige que tal limitación esté justificada y legalmente habilitada, como sucede en la ley de turismo gallega. Desde la reciente sentencia de junio de 2020, Cataluña también podría haber optado por una regulación restrictiva en la misma línea, pero la Generalitat no lo ha hecho y ha preferido que sean los ayuntamientos los que elijan. Sin embargo, no queda del todo claro que los municipios catalanes estén debidamente habilitados para poner orden en una actividad que puede causarles problemas vía ordenanzas municipales —cuyo rango es el de reglamento, por debajo del de ley— ni que dispongan de los medios adecuados como el refuerzo de inspectores que va a ser previsiblemente necesario. Los tribunales se miran con lupa las normativas municipales y no es raro que las echen atrás. Este es el reproche que Barcelona no hacía antes, pero sí ahora, al gobierno catalán a la vez que congela la concesión de licencias esperando una corrección mientras prepara su ordenanza.

No es raro que haya que rectificar las normas una vez publicadas como pasó en su día en los apartamentos turísticos con la exigencia de reiteración. Para la inspección, resultaba casi imposible demostrar que un apartamento se había alquilado al menos dos veces al año por estancias cortas. Este requisito se eliminó de la norma al comprobarse que era un verdadero coladero de ilegalidades. En esto, las distintas administraciones están condenadas a entenderse y a colaborar si se quiere acabar poniendo orden en los alquileres turísticos. El extraño pimpón al que se les ve jugar a veces con las competencias ente ellas no ayuda en nada.

Por descontado que las autoridades de la competencia no dejaron pasar la ocasión de hacer otra vez gala de la terca estrechez de miras que a menudo muestran en este asunto. A cada paso de las administraciones para poner orden en los alquileres turísticos, los organismos de la competencia salen automáticamente en defensa de la compañía californiana a pesar de que los tribunales no han dejado de quitarles la razón una y otra vez en sus impugnaciones. Su falta de rigor jurídico es ya un clásico. Esta vez, la ACCO —Autoridad Catalana de la Competencia— publicó una nota oponiéndose una por una a todas las medidas del decreto referidas a apartamentos y habitaciones turísticas por considerarlas contrarias a la directiva de servicios de la UE, ignorando que el Supremo ya se ha pronunciado declarándolas compatibles por razones de imperiosa necesidad como las que contempla esa norma comunitaria.