Imagen: barbería trasladada al aire libre durante la epidemia de la gripe española. Fuente: Biblioteca del Congreso de los EE. UU.

«Lo que a unos mata a otros engorda» podría ser una forma especialmente cruda de sintetizar en una frase el «capitalismo del desastre». En medio de una catástrofe —natural, sanitaria, social o bélica— es habitual que se cuelen políticas que en circunstancias normales serían más que cuestionables. Con la ciudadanía pendiente de superar emocional o materialmente una situación crítica, la conmoción puede ser explotada sin apenas oposición por grupos de interés con acceso preferente a los gobiernos. La autora de La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, Naomi Klein, advierte de que el coronavirus no está siendo ninguna excepción. Quienes están en posición de aprovecharse no van a dejar pasar la oportunidad. Solo aprendiendo a detectar sus estrategias, las sociedades tendrían una oportunidad para protegerse. En un artículo del ocho de mayo, la escritora ponía el foco en el político del momento en los EE. UU.: el gobernador demócrata del estado de Nueva York Andrew Cuomo. Frente a un Trump que apenas convence a los suyos, la reacción de Cuomo en el territorio más castigado del país le ha convertido en un uno de los rostros mediáticos de la pandemia. 

Sus intervenciones públicas no se limitan a coordinar la respuesta a la crisis sanitaria. Con invitados célebres que le acompañan por videoconferencia, en ellas se proyecta todo un nuevo mundo post coronavirus. Durante varias de esas conexiones, el elegido para hablar del efecto de superdigitalización que se ha disparado con la pandemia ha sido Eric Scmidth, el que fue director ejecutivo de Google en una época especialmente crítica. Al contar con él, Cuomo recurre a un experto en terapias de choque como las que describe Naomi Klein en su libro. Especializado en el desastre por el método de aprender haciendo, Eric Schmidt cimentó su éxito con esa compañía sobre un choque sucedido a principios de este siglo, como veremos a continuación. Hasta ahora, los estrategas como él han jugado con el elemento sorpresa. No estaría de más empezar a verlos venir para variar. 

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Los dos fundadores de Google cumplen con ese cliché tan enraizado en la imaginería de Silicon Valley del inventor en su garaje. Sergey Brin y Larry Page encajan, además, en otro perfil menos mítico, pero seguramente más frecuente entre los creadores de startups: el de jóvenes ambiciosos bajo la presión de inversores impacientes. Decididos a formar parte del sistema a toda costa, harán cualquier cosa por ver despegar su proyecto. A principios de este siglo, el buscador tenía que demostrar que no era otra de tantas empresas sobrefinanciadas a punto de irse por el retrete tras estallar la burbuja de las puntocom. Vistas las circunstancias, aquellos dos ingenieros con una historia bonita que contar ficharon por la puerta de atrás a varios estrategas implacables —mientras en público proyectaban una imagen de hombres de negocios desenfadados que, prácticamente, se habían visto convertidos en empresarios al pasar por allí—. Fueron un economista y otro ingeniero, Hal Varian y Eric Schmidt, los que aterrizaron la visión utópica de aquellos genios informáticos. Lo tuvieron claro desde el principio; el buscador es solo el complemento de la actividad principal: las subastas. 

Para encontrar la forma de monetizar un algoritmo de búsqueda novedoso en un mercado con servicios que el público se había acostumbrado a usar gratis, hubo que inventar, no ya un modelo de negocio innovador, sino toda una lógica de acumulación económica. El momento fundacional de la economía al estilo de Google fue un acto de apropiación —indebida, aunque permitida— que se decidió en las oficinas de la empresa. Aquel grupo mixto de informáticos y economistas declaró lo digital como su salvaje oeste particular o “el espacio sin gobierno más grande del mundo” como lo llamó el propio Eric Smidth en un libro del que es coautor. Los datos de comportamiento del usuario pasaron a ser el recurso virginal que se extrae tras esa frontera electrónica. Lo problemático es que tal materia prima tenía y tiene un componente humano asociado a titulares de derechos como el de privacidad. 

Precisamente, dos artículos publicados aquí durante el confinamiento advertían de cómo, con las apps del coronavirus, Google y Apple han intentado erigirse en defensoras de la privacidad frente a los peligros de un estado de vigilancia inminente. La realidad es que, durante veinte años, ese derecho fundamental ha sido sistemáticamente atropellado por ambas, en especial, por la primera. Desde que eligieron ganarse la vida organizando subastas inteligentes de anuncios enriquecidas con datos personales de sus usuarios, los líderes de Google se han visto impulsados a un conflicto con la legalidad permanente. Cada vez que alguna normativa pone en peligro el suministro de datos gratuitos de comportamiento del que dependen, necesitan reaccionar. 

Muchas veces lo hacen invocando la primera enmienda; todo lo que tiene que ver con Internet se tiende a tratar como libertad de expresión. Esa vieja estrategia de gritar libertad como excusa para saltarse de forma interesada las exigencias de la democracia —que durante la desescalada se está viendo en algunas calles de Madrid— la viene usando Google desde su etapa de expansión. Al hacerlo, se ha encontrado el terreno abonado por una legislación y una literatura jurídica muy influenciada por la economía. Desde los 80 en los EE. UU., han predominado los trabajos legales donde la ley o la regulación de la industria se presentan como manifestaciones del autoritarismo y la tiranía. A mediados de los noventa, este legado neoliberal se puso al día intensificándose con una versión actualizada donde las leyes se consideran un estorbo para el progreso tecnológico. Solo la ausencia de ellas permite la innovación. Desde el ambiente de la alta tecnología, la autorregulación emergió como el término mágico para suplantar a unas normativas gubernamentales coercitivas siempre caracterizadas como intentos lentos, estériles o estúpidos de ponerle puertas al campo. 

La Comisión Federal de Comercio se ocupó de encauzar el debate de la privacidad online y su regulación en los EE. UU. Desde ella, se alentaba a las empresas a crear códigos de conducta interna, políticas y métodos de cumplimiento. En el año 2000 cuando Google lanzó Adwords, su sistema de subastas de anuncios, hasta un organismo así entendió que la autoregulación no sería suficiente ante el nuevo modelo de negocio que acababa de crearse. La comisión se propuso regularlo con una serie de normas que, de haberse aprobado, hubiesen declarado ilegales ciertos elementos fundacionales de la Googlenomía o, al menos, sujetos a escrutinio público. 

Todo quedó suspendido el 11 de septiembre del 2001 —ese shock que Scmidth supo hábilmente navegar en beneficio de Gooble—. Al mismo tiempo que se derrumbaban las torres gemelas, la privacidad quedaba supeditada a la seguridad nacional. Al constatar que los servicios secretos no habían sido capaces de detectar las operaciones de preparación de los atentados, surgieron las prisas como máximas consejeras. Conseguir separar amenazas terroristas de entre el ruido de la red a toda costa pasó a ser una prioridad. En un ambiente de estado de excepción, los tiempos que la democracia tiene por diseño con sus contrapesos, leyes y garantías son una molestia. 

«La constitución restringe la velocidad del gobierno para perseguir su agenda de vigilancia y esto crea incentivos para que confíe en la empresa privada para recolectar y generar información para ellos…. …La ausencia de ley en el sector privado convirtió a las compañías en socias muy atractivas para actores gubernamentales que pueden de esta forma saltarse las limitaciones democráticas. Esa necesidad de los gobiernos de evadir la vigilancia constitucional llevó a colaboraciones público-privadas secretas orquestadas por medio de apretones de manos en lugar de legalidades formales». 

Shoshana Zuboff en The age of surveillance captialism

La analista Shoshana Zuboff en su libro de 2019 hace un esfuerzo por aislar y poner un nombre a cada una de las estrategias seguidas por las empresas de Internet hasta convertirse los colosos que conocemos hoy. «Excepcionalismo de vigilancia» es su expresión para referirse a cómo algunas capitalizaron la alarma social tras los atentados para continuar con sus operaciones de minería de datos con medios cada vez más invasivos sin ser reguladas. Entre las compañías y ciertas áreas del estado se creó una «afinidad electiva»: las primeras necesitaban seguir vigilando a sus usuarios sin intervención estatal, mientras las segundas buscaban datos y tecnologías fuera de su alcance por esas garantías legales que hay en lo público ausentes en el privado. Desde aquel momento, Silicon Valley pasó a ser laboratorio y supermercado para la vigilancia estatal. Con los presupuestos para espionaje y defensa aumentados, las agencias de inteligencia o el Pentágono tomaron por costumbre acercarse al valle en expediciones de compras para llenar el carrito con las novedades en espionaje digital recién inventadas y probadas por las tecnológicas. 

Entre el servicio de inteligencia, el pentágono y Google —que entonces dominaba la información digital sin rivales a la vista— surgió una colaboración sin precedentes. El buscador consiguió contratos millonarios para desarrollar tecnologías para el gobierno e hizo adquisiciones como la compañía de mapeo por satélite Keyhole —que había sido fundada con dinero de la CIA y acabaría siendo el origen de Street View—. Eric Schmidt, nombrado director ejecutivo a dedo por los fundadores en 2001, capitaneó las operaciones en aquellos años cruciales. Su buena relación con la administración Bush todavía se reforzó más con el cambio de presidencia. 

Obama se esforzó por mostrarse como un candidato innovador que traía consigo aires de cambio. En este contexto, su relación con Google fue siempre estrecha incluyendo algunas exhibiciones públicas de su amistad con Eric Schmidt. No tan visible fue el papel que el CEO de la compañía jugó en la campaña electoral del 2008. Resultó que toda esa información recolectada por el buscador no solo valía para ganar dinero, también elecciones. Algo parecido a lo que años después conseguiría Trump con Twitter y Facebook, ya lo había intentado Obama con Google. El excepcionalismo de vigilancia también se mantuvo durante los mandatos de Obama a pesar de su mensaje renovador. Esta vez, se justificó con la amenaza de la ciberguerra. En 2010 se puso a Schmidt al frente de un recién creado consejo de innovación de defensa. En todo este tiempo, las puertas giratorias entre la Washington y la compañía no han dejado de funcionar lo mismo que su lobbying agresivo e innovador en aumento. Entre 2017/2018, Google fue la empresa que más se gastó en lobbying en todo el mundo. 

Schmidt siempre ha estado allí donde le corresponde a un cabildero de altos vuelos: en los círculos de poder defendiendo los intereses, primero, de Google y luego, de Silicon Valley desde que en 2017 dejó de ocupar puestos directivos en la propia compañía o en su matriz Alphabet. Hoy es uno de los principales barones del valle que asesoran a los gobiernos sobre el futuro digital presidiendo comisiones y consejos de innovación o de tecnologías emergentes. Su actividad reciente ha estado dirigida a profundizar en el desarrollo de ese complejo industrial de la vigilancia donde lo privado se enreda con lo público cada día más. 

Antes de que llegase el coronavirus, sus argumentos giraban en torno a los peligros de la competencia de China, que está tomando la delantera en el desarrollo de la IA. La posición dominante de los EE. UU. en la economía global estaría amenazada debido a una ventaja de su rival: el gobierno chino está dispuesto a gastar sin límite en infraestructuras de vigilancia digital. Lo hace manteniéndose en sintonía con unos gigantes tecnológicos propios a los que permite recoger los beneficios. Aquel artículo de Naomi Klein en mayo para The Intercept mostraba diapositivas de una presentación de Schimdt para la NSCAI —National Security Commission on Artificial Intelligence— haciendo sonar la «alarma amarilla». En ellas se sugiere que su país haría bien en importar algunos elementos superiores del modelo chino como una regulación aún más laxa —propia de un estado de derecho que no se ha desarrollado plenamente— o, ante todo, unas colaboraciones público-privadas en las que el dinero estatal o los datos fluyen sin complejos hacia las tecnológicas. En ese mismo artículo, se citaba un editorial publicado en el WSJ un par de semanas antes del confinamiento con Schmidt pidiendo un paquete de inversión pública masiva para convertir la infraestructura digital nacional de los EE. UU. en plataformas en la nube conectadas por 5G. La salud pública ni se mencionaba, pero su discurso no tardaría en cambiar y actualizarse a lo que estaba pasando. 

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Con la llegada del virus, los que recomendaban la vigilancia para competir con China empezaron a justificarla por motivos de salud pública. El discurso de Schmidt y otros lobistas reposicionó a las big tech como benefactoras en lo sanitario. Los confinamientos están suponiendo un gran experimento de superdigitalización de las sociedades que acelera la implantación del trabajo a distancia, la telesanidad y la educación en remoto. La cercanía o el contacto físico van a percibirse por un tiempo como amenazas, quizás para siempre. De la noche a la mañana, esos edificios de universidades, escuelas y hospitales donde las personas se concentran peligrosamente empiezan a aparecer como vestigios del pasado y gastos superfluos en alquileres, construcciones, sueldos y otras minucias que nos ahorraríamos si todo se pasase al online. Nuestras casas serán las futuras clases, oficinas, gimnasios y áreas de aislamiento cuando sea necesario. En estas condiciones, ¿Qué sería de nuestras vidas sin Amazon o Zoom? Es hora de que la gente de a pie deje de ser tan desagradecida con esas corporaciones a las que a veces les encanta odiar —sobre todo, desde que se sabe lo que hacen con los datos privados o cómo afectan a las elecciones—. Hay que reconocer que esas empresas tuvieron el coraje de juntar el capital, invertirlo y construir las herramientas que todo el mundo usa estos días y que les están ayudando a mantenerse conectados, entretenidos y sanos. 

Así suena la nueva doctrina del shock pandémico en palabras de Schmidt buscando sitio en la conciencia colectiva. Durante la crisis del coronavirus, nuevas formas de aplicarla se han estado ensayando en distintos ámbitos. En un momento tan crucial se ha podido ver a las grandes tecnológicas tomando posiciones en la competición por hacerse con los datos de la sanidad. Aunque quizás los mayores avances se estén consiguiendo en otro  de los horizontes donde la economía digital tiene puestas sus ambiciones: la educación. A ella está dedicada el artículo EdTech y coronavirus, el shock pandémico en la educación


Jugando a favor de estos másteres en desastre, los fetiches de la privatización y la tecnología como solución para todo están muy extendidos entre ciertas mentalidades. Pero, siendo realistas, a la vista de la impotencia que han demostrado las grandes tecnológicas para aportar soluciones en algunos asuntos cruciales durante la pandemia, no hay motivos para que el mundo se sienta tan agradecido con ellas como el ex-director ejecutivo de Google esperaba. Algo ha quedado especialmente claro estos días: los EE. UU. hace tiempo que dejaron de ser buenos en tener ideas frescas para satisfacer las necesidades más básicas. Una institución especialmente vinculada a los intereses de Silicon Valley como el MIT se lamentaba en mayo de la poca capacidad que ha demostrado su país para construir nada —ni vacunas ni pruebas de diagnóstico ni siquiera bastoncillos de algodón—.  «Aquellos que esperaban que los EE. UU. serían capaces de transformar su dominio industrial tecnológico en una dinamo de innovación contra la pandemia estarán decepcionados».


Esto es en parte debido a la evolución que lo tecnológico ha tenido en California en los últimos 20 años. Aquel modelo económico que había creado Google a principios de siglo se convirtió en una plantilla para las startups que vinieron después. Wall Street empezó premiando con acceso rápido a financiación para aquellos proyectos que incluían el aprovechamiento de datos. Luego, los que no presentaban un capa de vigilancia acabarían por ser penalizados. El problema es que, cuando uno se especializa en programar software que sirve para extraer datos, se acaba olvidando de cómo construir o fabricar. Hoy, viejos conceptos eclipsados por el blinblineo del big data —el nuevo petróleo, se decía hace unos años— como infraestructuras o manufacturas empiezan a recuperar brillo cuando quizás sea demasiado tarde.


Ese mea culpa del MIT probablemente se quede corto. Con su prestigio, instituciones como ella llevan décadas alimentando un ánimo de excesiva celebración alrededor de la tecnología entendida como ese polvo de hadas con el que vamos a rociar a los problemas y, sencillamente, hacerlos desaparecer. No importa si son cuestiones sociales, económicas o de cualquier otra índole, todo tiene un apaño tecnológico o un arreglo innovador. Esto es especialmente dañino cuando la innovación en sitios como Harvard o el MIT se desvió por el camino de la ruptura con el discurso de la disrupción. Las cosas, por el contrario, no funcionan cuando se perturban una y otra vez con novedades de temporada, sino cuando se construyen, se arreglan, se conservan o se mantienen. Las instituciones académicas de élite norteamericanas siempre han mantenido una posición extremadamente reaccionaria en esto. La mayoría de los genios innovadores que salieron de ellas y se asentaron después en Silicon Valley se han limitado a desarrollar el marketplace digital que replica viejos excesos y amplifica los problemas del mercado analógico de siempre. Ninguno de esos genios originales ha sido capaz de salir de ese marco mental e inventar alternativas.