Las que hoy llamaríamos «autoridades de la competencia» de principios del XX consiguieron trocear a uno de los conglomerados industriales más poderosos de la época en los tribunales. La sentencia que la corte suprema de los estados unidos dictó en 1911 disolviendo la Standard Oil de Rockefeller y fragmentándola en 34 empresas independientes se recuerda como el momento cumbre de la legislación antimonopolios. Un par de décadas antes, los conocidos como «barones ladrones» del ferrocarril, el petróleo o la banca habían dejado claros algunos de los peligros de la concentración del poder corporativo en pocas manos. Mientras operaban sin apenas regulación, los negocios de grupos rivales se contrapujaban entre ellos con precios a la baja en una espiral que hundió los salarios y evaporó los presupuestos para el mantenimiento crítico de infraestructuras. Las huelgas, los accidentes mortales y las quiebras fueron el pan nuestro de cada día provocando que en 1890 se aprobara la ley Sherman con la que el departamento de justicia empezó a perseguir prácticas como las ventas a pérdida, los acuerdos de precios y otras corruptelas empresariales asociadas al tamaño.

El antitrust del siglo XXI tiene poco que ver con el de aquellos años. Si saltamos en el tiempo y el espacio al verano de 2020, nos encontraremos a la principal autoridad de la competencia española cruzando los dedos para que el supremo no vuelva a quitarle la razón en su empeño por proteger a una conocida multinacional americana frente a las ordenanzas municipales de alquiler turístico de Bilbao y otras dos ciudades. En todo este tiempo, los expertos de la competencia han hecho un asombroso viraje en U desde la cabeza a la cola de un león que, ante la concentración empresarial, ha pasado de rugirle a celebrarla, con muchas consecuencias para la economía y la sociedad. El escritor Matt Stoller del Open Markets Institute —un laboratorio de ideas especializado en monopolios con influencia creciente en la política americana— destaca el papel clave que algunos abogados de la universidad de Chicago como Robert Bork tuvieron en esta evolución. De aquella facultad de derecho salió en los años sesenta una influyente interpretación jurídica del concepto de competencia adaptada a la reforma del libre mercado que sus compañeros de la escuela económica proponían.

La legislación antimonopolios decían Bork o Richard Posner—otro de sus colegas universitarios— no está para asegurar el juego limpio entre negocios productores de bienes o servicios, como se venía creyendo hasta entonces, sino para conseguir el máximo bienestar del consumidor; es decir, para permitirle comprar cada vez más y más barato. Los monopolios nunca deben de ser molestados si con la intervención se corre el riesgo de que suban los precios. Esto es así porque la verdadera y única preocupación legítima es la eficiencia del mercado; centrándonos en ella, todo lo demás acabará arreglándose. Así vistos, los precios bajos ya no son un aviso de que algún tipo de juego sucio podría estar desvirtuando la competencia leal entre partes, si no el verdadero objetivo de la competencia.

Aquella teoría legal que supeditaba la competencia a la eficiencia del mercado buscando, en última instancia, fomentar el gasto del consumidor —el nuevo protagonista indiscutible de la vida económica por encima de los propios negocios— fue todo un superventas. Triunfó especialmente cuando el mundo entró en pánico por la combinación de recesión y precios al alza de los años 70. En plena crisis, sus promesas de prosperidad atrajeron a los demócratas y republicanos de Norteamérica por igual quienes, desde entonces, han mantenido mayoritariamente una visión favorable de la consolidación empresarial. La ola de fusiones de los ochenta continúo con la aceleración de la globalización en la década posterior. La misma filosofía se ha mantenido durante más de cuarenta años hasta hoy contribuyendo a un panorama de concentración corporativa e inactividad de las autoridades antimonopolio que empieza a parecerse al de antes de la aprobación de la ley Sherman.

Por descontado que Europa importó ese concepto made in Chicago para inspirar el derecho de competencia de la UE. El bienestar del consumidor también es aquí el concepto central de la disciplina y, a pesar de toda la fama de «matagigantes» de la comisaría de la competencia, Margrethe Vestaeger suele hablar de la legislación antimonopolis como si se tratara de un botón nuclear que está ahí para amenazar, pero nunca para ser utilizado. Apretarlo sería un gran lío técnico del que se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba y el consumidor podría terminar siendo el que al final pagara los platos rotos por las subidas de precio.

Pero el auge de la economía digital de las últimas dos décadas podría haber llevado a esta concepción de la competencia al atolladero. Cuando la eficiencia económica se mide en bienes de consumo baratos ¿Qué hay más eficiente que Google o Facebook cuyos servicios son gratis? Si algo ha quedado demostrado en estos últimos 20 años, es que los precios más bajos de unos servicios de alta tecnología imprescindibles para la sociedad no se obtienen en mercados competitivos desregulados, los ofrecen grandes tecnológicas y, de ellas, las cuatro principales se sentaban durante la pandemia ante el congreso para responder por videoconferencia por sus prácticas monopolísticas.

«¿Por qué están todos los economistas obsesionados con la libre competencia como estado ideal? Es una reliquia del pasado» afirmaba en su influyente libro de 2014 Peter Thiel, un inversor y líder intelectual de la economía digital que asesora a Zuckerberg y Trump. Cuanto más perfecta sea la competencia, menos posibilidades habrá de que ninguna de las compañías rivales tenga beneficios a largo plazo. Dado que compitiendo libremente unas contra otras en igualdad de condiciones todas pierden, el estado superior del mercado es el monopolio. Todo el mundo gana cuando hay un puñado de negocios con desempeños tan superiores que ninguna otra firma es capaz de ofrecer servicios o productos a la altura. Lo deseable es que el mejor de ellos se convierta en el operador único de cada sector. 

Escuchar a Thiel es interesante, no tanto porque se trate de un pensador original, como porque no tiene pelos en la lengua y, muchas veces, se atreve a decir lo que los demás piensan, pero callan. Amplios sectores del empresariado, la clase política o la ciudadanía suelen ser más circunspectos, pero llevada hasta sus últimas consecuencias, su visión en lo económico no es muy diferente a la del polémico financiero americano. Esa concepción estrecha de la competencia de la que venimos hablando es la mayoritaria y oficial. La tendencia a la concentración que lleva asociada se manifiesta con especial intensidad en la economía digital donde se está desvelando un oscuro secreto del que ya se sospechaba: en términos de eficiencia económica, el mercado competitivo descentralizado es frecuentemente superado por la centralización y el monopolio.

¿En qué quedan entonces los discursos acerca de lo importantes que son las PYMES en la economía de un país si se acepta que un equivalente a Uber puede desembarcar en cada sector con sus precios de monopolio para disciplinarlo y obtener una posición de dominio? Cuando, por definición, la noción de competencia ignora cualquier consideración de juego limpio a cambio de concentrarse en la eficiencia del mercado y el bienestar del consumidor, toda iniciativa por proteger a la pequeña y mediana empresa está automáticamente descartada por anticompetitiva. Ante cualquier atisbo de regulación, parte de la prensa, de los políticos y, por descontado, las autoridades de la competencia reaccionan de inmediato.

Mientras tanto, Uber y Lyft pueden seguir vendiendo a pérdida sus trayectos financiados por fondos soberanos saudíes, nada impide que se repita la historia de pérdidas masivas por ventas bajo coste de Amazon hasta alcanzar el tamaño suficiente para exprimir a los proveedores o la de Airbnb que ha sido capaz de gastarse millones en conseguir normativas locales a la carta con el dinero de inversores atraídos por la capacidad de acaparar el mercado de los unicornios digitales. El derecho de la competencia de hoy no tiene nada que objetar a esos comportamientos. Tampoco tiene nada que decir acerca del modelo de negocio de Facebook o Google que regalan gratis sus servicios mientras venden publicidad con los datos de comportamiento de sus usuarios. Creer que el éxito de estas empresas es el resultado de unos mercados competitivos ultraeficientes es, sencillamente, desconocer como han crecido los grandes de Internet y la tendencia natural al monopolio que se está demostrando en ese entorno.

Lejos de parecer feliz con todos esos servicios de alta tecnología a su alcance gratis o a bajo coste, a la ciudadanía se le ve cada vez más enfadada. En lugar de mejoras, las sociedades orientadas preferentemente a la máxima eficiencia económica están experimentando cotas de volatilidad y resentimiento que empiezan a ser alarmantes. Como pasó hace más de un sigo, hoy redescubrimos el coeficiente de conversión inverso que existe entre calidad democrática y concentración empresarial. De nuevo, Peter Thiel con su teoría de los monopolios creativos resulta especialmente explícito y radical acerca de a dónde se estaría encaminando la sociedad digital. Los monopolios son tan buenos que acabarán reemplazando a los gobiernos. Sin las presiones de la competencia, un monopolio puede permitirse el lujo de pagar bien a sus empleados e invertir en el futuro. «Los monopolios creativos no solo son buenos para el resto de la sociedad; son poderosos motores para mejorarla». Con ellos ya no hacen falta regulaciones ni leyes ni impuestos. En esta visión, los dueños de los monopolios son siempre líderes brillantes e incorruptibles que saben cómo gastar el dinero en innovar y mejorar sus productos, no como los políticos que no merecen nuestra confianza. Para perpetuarse, los monopolios se dedican a exagerar el poder de una competencia que no existe mientras van acumulando cuota de mercado y beneficios. Estas ganancias acaban siendo otra especie de impuestos de los que la gente no se queja, ya que ni siquiera sabe que los está pagando mientras usan unos servicios que se han convertido en indispensables.

Ni que decir tiene que las fantasías antidemocráticas como esta de Thiel no entusiasman a todo el mundo por igual. Hay quienes abogan por volver a utilizar la legislación antimonopolios para restablecer los mercados verdaderamente competitivos vigorizando así el proceso democrático —y a las maltrechas PYMES por el camino—. El Open Markets Institute es un pequeño pero combativo grupo que hace presión para contagiar entre los políticos de Washington su preocupación por los peligros de los monopolios digitales. Hace unos años, sus ideas de que los gigantes de Silicon Valley son la Standard Oil de nuestra época o de que suponen un peligro para la democracia no recibieron mucha atención. El ambiente alrededor de lo tecnológico era de celebración y apenas se oían voces críticas; pero, más recientemente, las cosas han cambiado. Desde que la candidata demócrata Elizabeth Warren —con vínculos con el instituto— incorporó el eslogan «romper Facebook» en su campaña, todos los políticos relevantes del partido han expresado distintos grados de inquietud por el asunto, incluido el candidato a presidente Biden. Por su parte, entre los republicanos, parece que con el trumpismo la preocupación por la democracia es solo cosa de demócratas y no la ven amenazada por lo digital; sin embargo, el partido también tiene críticas que hacer al poder de las plataformas. Lo grave para ellos es que las opiniones conservadoras estén siendo silenciadas en las redes sociales o buscadores. En cualquier caso, los agentes antimonopolio estadounidenses han aumentado el nivel de alerta. Hay varias investigaciones estatales en marcha como la que originó aquel interrogatorio por videoconferencia a los directivos de Google, Amazon, Facebook y Apple.

Para los que piden el regreso de las leyes antimonopolio, la prensa especializada en tecnología ya tiene una etiqueta: los nuevos brandeis —los hipsters antitrust decía la revista Wired en 2019—. La expresión ironiza con lo nostálgicas que para algunos resultan sus propuestas. Louis Brandeis fue un juez del supremo de los años 20 y 30 conocido por haber sido muy crítico con el poder de las grandes corporaciones. Su figura se asocia a la noción de competencia regulada, un modelo que aspira a favorecer a las empresas pequeñas y medianas limitando el tamaño de las grandes. En su época de juez, las leyes antimonopolio se fundieron con otras dirigidas a garantizar el juego limpio entre negocios. Nuevas autoridades y todo un derecho de la competencia surgieron como culminación de un movimiento político masivo de oposición al excesivo poder de los grandes grupos empresariales iniciado décadas antes. Hace 120 años, en muchas ciudades americanas, se creaban ligas antitrust que fueron las que empujaron a los políticos a actuar. Lo recuerda la escritora Zephyr Teachout autora de Break ’Em Up —rómpelos— que sostiene que, si hoy no está sucediendo algo parecido con los niveles de concentración empresarial que existen, es principalmente por dos motivos. Por un lado, hay una falsa sensación de ausencia de conflicto debido a que las grandes empresas imponen medios de arbitraje forzosos que se han convertido, de hecho, en un sistema de justicia paralelo y opaco que oculta al público los problemas del grupo con los proveedores y consumidores. Por otro, las llamadas constantes al consumo ético como una eventual solución apolítica estarían desmovilizando a un activismo con verdadera capacidad de inducir al cambio como el de finales del SXIX. 

Ya vimos que esta noción de la competencia entendida como juego limpio acabó siendo sustituida por otra basada en el criterio del bienestar del consumidor que fue promovida desde la escuela de Chicago. Pese a sus diferencias, en algunos aspectos, ambas definiciones de competencia pertenecen a una misma familia que, a estas alturas, probablemente merezca un relevo. Tanto Brandeis y sus seguidores, como Bork y la mayoría de los suyos contemplan a los mercados competitivos descentralizados —regulados, los primeros y desregulados, los segundos—como la única opción deseable. Desarrollos recientes en la economía sobre todo digital aconsejan, sin embargo, revisar el dogma de la competencia como la solución para todo y en todo momento. El periodista Robin Kaiser-Schätzlein que se ha ocupado del actual movimiento antimonopolios se hacía en uno de sus artículos algunas preguntas. Si bien el abandono de las leyes de juego limpio por la eficiencia económica no ha servido al bien público, ¿es la competencia siempre la respuesta a la eficiencia? Romper el poder corporativo puede ser un primer paso para avanzar en la democracia; la cuestión no es tanto por qué hacerlo sino para quién. ¿Cómo se aplica el antimonopolio de forma que sirva para atajar desigualdades recalcitrantes que existen en la sociedad, pero sin repetir 50 años de política económica regresiva? 

Las situaciones de monopolio o cercanas a él pueden ser seguras y estables y ahora sabemos que a veces resultan más eficientes que los sistemas descentralizados. Habría que empezar por reconocer que el tamaño y la centralización también tienen ventajas. No solo libertarios excéntricos y algo siniestros como Peter Thiel defienden a los monopolios. Desde posiciones ideológicas muy alejadas, se muestra mucho apego a la sanidad pública o la renta básica, por ejemplo, que se parecen a monopolios en algunos aspectos. Surgen entonces preocupaciones diferentes a romperlos dirigidas a encontrar fórmulas de control democrático para unos gigantes que están mostrando una tendencia alarmante al autoritarismo. Lo que se propone es actualizar la noción de cuándo existe monopolio, cuándo hay que actuar y aumentar el número de posibilidades de intervención superando el bloqueo que existe hoy en día debido al dogmatismo de la herencia neoliberal. Entre ellas, no se excluye buscar formas de propiedad colectiva de las plataformas digitales frente al control exclusivamente privado.

Más que empresas, Amazon o Facebook son verdaderas infraestructuras digitales necesarias para el funcionamiento de la sociedad. Que cualquiera sea capaz de controlarlas, supone un peligro. En el caso de Amazon, los efectos negativos de la concentración no se han traducido en subidas de precio y pérdida de calidad del producto — las únicas justificaciones para intervenir hoy en día—. Los problemas se están manifestando en la cara B del monopolio —el efecto de monopsonio o la capacidad de los grandes de dictar las condiciones de participación en el negocio—. Frente al gigantismo de Amazon, el resto pierde capacidad de negociación: el cliente se somete a los términos y condiciones, el trabajador a los salarios y los pequeños negocios proveedores a los dictados del grande. Amazon está en posición de gobernarlos a todos, incluido al gobierno como se vio en aquella vergonzosa gira de la empresa para conseguir privilegios fiscales del lugar elegido para establecer su segundo cuartel general. «Si hace falta, me cambio el nombre a Amazon Cuomo» bromeó el gobernador de NY ante la prensa cuando se supo todo lo que las municipalidades estaban dispuestas a ofrecer. 

Hoy la palabra monopolio ya no solo significa dominar una cuota de mercado cercana al 100%, sino tener tanto poder como para dictar las condiciones del negocio. La respuesta no siempre tiene que ser romperlo. La autora de Break ‘Em up en una entrevista para Kaiser-Schätzlein propone como ejemplo una combinación de enfoques en el caso de la sanidad en los EE. UU.

«Lo mejor sería nacionalizar los seguros de salud, de forma que un puñado de aseguradoras gigantes dejen de ser las que decidan quién está o no cubierto; en su lugar, se crearía un sistema de pago único. Pero si no se descentraliza la propiedad de las compañías farmacéuticas, estaremos sujetos a seguir comprando de empresas que pueden hacer que el precio del Epipen suba otro 400% cada vez que les parezca».

Zephyr Teachout autora de Break ’Em Up —rómpelos—