Entre el público, los niveles de irritación con los gigantes tecnológicos llevan tres años al alza. Ellos, en gran parte, se lo han estado ganando a pulso. Las leyes antimonopolio planean sobre sus cabezas tanto en la UE como en los EEUU. ¿Estamos a punto de ver como rompen Facebook o Google?

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En el verano del 2016, gracias al caso abierto en la Comisión Europea contra Apple, se supo que, además de la creación de productos y servicios vanguardistas, la evasión de impuestos es otro de los talentos innovadores de las empresas de alta tecnología. La multinacional norteamericana tuvo que devolverle al gobierno de Irlanda nada menos que 13 mil millones de euros por unos acuerdos fiscales tan al filo de la navaja y cuantiosos que vulneraban la libre competencia. La carta abierta que escribió Tim Cook a su comunidad justificando las prácticas de la compañía demostró que, con unos pocos más como él, sería imposible contar con un estado del bienestar a la europea convenientemente financiado. Ese mismo año, tras el resultado de las elecciones en EEUU, se empezó a sospechar que las plataformas se estaban convirtiendo en herramientas de manipulación política. Meses después, la periodista Carole Cadwalladr, con su investigación del escándalo Cambridge Analytica finalista del Pulitzer, confirmaría que así había sido con Trump y el brexit. Lo que allí se destapó fue una cloaca futurista que implicaba a académicos, informáticos y contratistas mercenarios con poco que envidiar a las que tenemos por aquí.

A partir de entonces, las crisis de privacidad, los casos de corrupción corporativa o los asuntos con noticias falsas o burbujas de filtro se han sucedido casi a diario. El goteo es incesante y el enfado, cumulativo. En inglés ya le han puesto nombre: techclash es la forma de referirse al rechazo -o backlash– al poder excesivo del big tech. ¿Quiere esto decir que el usuario va a reaccionar dándoles la espalda a esos gigantes? Es poco probable. A cada paso, la gente descontamos los inconvenientes asociados a la tecnología según los vamos descubriendo y seguiremos haciéndolo con lo que nos venga. Sus utilidades son demasiado ubicuas, placenteras o necesarias y, sobre todo, baratas para rechazarlas. Las grandes plataformas de Internet se las han arreglado para perfeccionar el triángulo definitivo de usuarios que no pagan, anunciantes que sí y plataformas que extraen datos y obtienen beneficios. En la versión del pacto con el diablo del siglo XXI, todos estamos razonablemente satisfechos de lo que obtenemos a cambio de lo que sacrificamos.

Esto se debe a que, muchas veces, el daño de estos abusos no es personal, sino colectivo. La escritora Julia Angwin lo explica refiriéndose a la privacidad. Los efectos de la apropiación intensiva de datos sin regulación no son como los del robo de propiedad. Se parecen más a la contaminación, donde no se sabe muy bien quién sufre las consecuencias o quién las causa. Lo dañino de Cambridge Analytica no es la desposesión o la exposición ilegítimas de los datos de tal o cual persona, sino la conciencia colectiva de que las reglas de juego en las elecciones han cambiado y la perdida de calidad democrática que sufre la sociedad en su conjunto. En el plano personal, ir descubriendo todas las formas en las que somos vigilados, en realidad, nos satura y acabamos desconectando y pensando que, en el fondo, nos sale a cuenta.

Para hacer sus prácticas más presentables, los proveedores de tecnología utilizan palabras con resonancias sugerentes. Los usuarios no hemos pedido lo «smart», lo «inteligente» o la «personalización», son ellos los que crean la tendencia, pero nosotros acabamos bailando con su música. Descubrir por las sugerencias para rellenar la barra de Google que nos están rastreando da miedo al principio, pero lo naturalizamos rápido y, luego, nos encanta. Pronto empezamos a considerar de peor calidad otro servicio que no sea capaz de hacer esos mismos trucos.

Así las cosas, es poco probable que el techlash sea el detonante de una revuelta de los usuarios mas allá de la adopción de algunas prácticas de consumo responsable. A lo sumo, un movimiento slow tech como el de la comida podría tomar fuerza para educar en el uso de las tecnologías a quien pueda permitírselo. Lo que sí que se estaría formando es un caldo de cultivo favorable a la intervención estatal y la regulación de unas actividades que, hasta la fecha, han estado disfrutando de barra libre. La amenaza de la legislación antimonopolios flota en el ambiente desde hace meses. «Hay que romper Facebook» es la frase del momento que han hecho popular, entre otros, un cofundador de la red social y un temprano inversor y mentor de Zuckerberg. La Comisión Federal de Comercio de los EEUU, uno de los reguladores de la competencia, afirma estar observando al sector de cerca. Algún día, tal vez, una investigación formal podría llegar.

De nuevo, la pregunta es si cabe esperar una reacción en torno a ese sector —esta vez, en forma de intervención legislativa— que consiga domar a las bestias que lo dominan. Y, de nuevo, la respuesta es que es poco probable que se apruebe cualquier regulación sustantiva que les perjudique. Desde que suenan tambores de regulación, un ejercito de lobistas financiado por las empresas más ricas del mundo ha tomado posiciones en Bruselas y Capitol Hill. Y todavía hay más razones para pronosticar que no habrá intervención o que, en todo caso, si la hay, será blanda.

Todopoderoso zólar

Pese a que fue la UE la que hace más de una década tomó la delantera con medidas contra la excesiva concentración en el tecnológico, el foco de atención ha girado recientemente a los EEUU. Una de las aspirantes demócratas a la presidencia ha amagado con incorporar la medida de «romper Facebook» a su programa. En marzo, Elizabeth Warren publicó cómo pensaba hacerlo en un artículo en Medium que ha incendiado el debate.

Su postura no es la mayoritaria en su propio partido y, mucho menos, en el bando republicano. Diga lo que diga Trump en público, nadie en su entorno está pensando en romper a ninguno de sus campeones tecnológicos internacionales. Puede que el presidente se comporte de cara a la galería como un fanfarrón que llama «Tim Apple» al CEO de la compañía en una reunión, que discute agriamente con Bezos o que hace comentarios desagradables sobre Silicon Valley dejando ver que lo considera poco menos que como una madriguera de progres trasnochados. Sin embargo, de puertas adentro, se nombran a viejos amigos de las tecnológicas para los órganos reguladores del sector, como la División Antitrust del Departamento de Justicia. No es raro escuchar a los republicanos mostrar orgullo nacional por unas corporaciones que dominan la tecnología en todo el planeta y defender la necesidad de conservar esa forma de poder blando para su país. Las disidencias en asuntos como la inmigración se les perdonan a unos genios díscolos cuyos éxitos se admiran.

Los medios de opinión especializados también han salido a defender a unos gigantes digitales que consideran de los suyos. Numerosos artículos recientes en las revistas del MIT o Wired se dedican a publicar las ventajas para el consumidor de las situaciones de mercado cercanas al monopolio que se observan en el entorno digital. Para los que no se muestran tan entusiasmados y apoyan medidas drásticas, se ha creado una etiqueta reaccionaria con la que caricaturizarles. Son, se dice, de la escuela de los nuevos Brandeis —en honor a Louise Brandeis, un juez que tenía la ¿disparatada? idea de que la concentración extrema de poder en unas pocas corporaciones no solo resultarían ser mala para la economía, sino, también, para la democracia—. A los críticos ahora se les caracteriza como a hipsters cabreados y poco informados que proponen intervenir por pura ideología.

Sin embargo, dar prioridad a las ventajas que obtiene el consumidor de esos casi-monopolios tecnológicos frente a otros muchos aspectos en juego también se podría considerar como una posición altamente ideológica. De hecho, lo es y, esta vez, sí que ha surgido directamente de otra escuela de pensamiento económico muy concreta: la de Chicago. Es de ella de donde salió una noción estrecha de miras de la competencia aún más radical que esos hipsters antitrust que pretenden mitigar sus rigores.

Para esta corriente, competencia perfecta es todo lo que beneficia al consumidor, incluida la ausencia de aquella debido al monopolio o al juego desleal. Una intervención, solo estará permitida cuando el monopolista utilice su posición para aumentar los precios perjudicando al consumidor. Mientras el efecto final del monopolio sea abaratar, todo vale en nombre de la eficiencia. La vigilancia, las vulneraciones de la privacidad, o la difusión masiva de noticias falsas, ya mencionadas en párrafos anteriores, son perfectamente tolerables. También lo es el efecto Amazon de la concentración sobre los salarios —o monopsonía— del que advertía la Reserva Federal hace meses o la cara más oscura de la uberizacion del trabajo y de la gig economy. Los riders sin papeles de Glovo, que son atropellados por conducir a lo loco para subsistir bajo una política de pago por entrega y no por hora, tampoco preocupan en esta visión extrema del laissez faire.

Todavía una vuelta más radical de tuerca en esa dirección la dieron los conocidos como la mafia de PayPal con Peter Thiel a la cabeza al enterrar a la libre competencia como una reliquia del pasado. En competencia, luchando todos contra todos, nadie gana. La forma de mercado perfecta es, en realidad, el monopolio. Sobre todo, si te pertenece —ya que el propio Thiel invocó en su día la regulación antitrust para defender al suyo cuando Ebay amenazaba con buscarse otro medio de pago—. Resulta gracioso descubrir lo forofos de los monopolios que se han vuelto muchos supuestos liberales americanos. Pero todavía sorprende más detectar que una idea parecida de la competencia es la que a veces se maneja en Europa entre las altas esferas nacionales y comunitarias.

Europa

Aquí, a los posibles efectos negativos de la concentración extrema sobre economías, sociedades y democracias ya mencionados hay que añadir otras consideraciones. Vía normas que en teoría sirven para mejorar el mercado, Europa estaría sometiendo a un sector —que es algo más que estratégico— a la influencia de una potencia exterior. Ya hemos visto como los republicanos norteamericanos así lo consideran. Plegarse sin más a la hegemonía técnica, financiera e intelectual de sus gigantes tecnológicos le podría acabar saliendo caro a la UE. Para empezar, por dejar de innovar y no desarrollar ni una industria ni una infraestructura tecnológicas propias. El talento de los mejores matemáticos, por ejemplo, que son europeos, acaba empleándose en ese otro gran proyecto que, en ocasiones, es menos global de lo que parece. Pero también están en juego asuntos como la seguridad nacional cuando toda la información de ciudadanos e instituciones pasa por las manos de las mismas empresas extranjeras.

Esas nociones de competencia inspiradas en la escuela neoliberal de Chicago pueden tener sentido para los EEUU. La máxima de nunca intervenir autoriza a sus empresas globalizadas a arrasar con sectores económicos locales del mundo entero. Se presentan con las arcas llenas de capital de alto riesgo para hacerlo y con la forma pendenciera de entender los negocios que vemos en Uber o Airbnb. En el caso de esta última, la Comisión Europea lleva más de un año deshojando la margarita de la «regulación, sí o no» ante una queja planteada por el grupo de presión dominado por las empresas norteamericanas del sector. Lo que parecen muchas veces olvidar las instituciones comunitarias escudándose en aspectos técnicos es que estamos en un mundo de bloques, donde un jefe de estado se acaba de pasar por Reino Unido ofreciendo tratos comerciales en caso de romper con la UE de la peor manera posible, mientras que, en otro frente, prohíbe a sus empresas vender chips o software a Huawey. En este contexto, China y EEUU alimentan a sus gigantes con sus legalidades y políticas, mientras que Europa les da vitaminas a ambos —pero, especialmente, a los americanos— con las suyas.

Con el toque grosero que le caracteriza, Trump suele llamar «Lady Impuestos» a la comisaria europea de la competencia, Margrethe Vestager. Lo dice «Lord Aranceles» el azote del comercio globalizado. Las normas de la competencia y la legislación antimonopolios de la UE son más flexibles que las americanas, pero Vestager ha anunciado que, de momento, no piensa echar mano de ellas. Se las reserva como la opción nuclear en caso de que se convenza de que Alphabet/Google o Facebook son monopolios. La decisión es compleja, el litigio largo, el trámite costoso; además, no existen precedentes y no estamos seguros de si será lo mejor para —de nuevo— el consumidor y no el ciudadano.

Ese argumento de que «todo esto es muy complicado para los pobres mortales, dejémoselo a los expertos » —que, por otra parte, muchas veces lo son en no hacer nada— es un clásico que se usaba frecuentemente antes de la crisis financiera del 2008 para seguir engordando la burbuja. Salía a relucir, incluso, cuando el aguafiestas que avisaba de lo que estaba pasando era el economista jefe del FMI, alguien con un perfil aún mas técnico que el de los reaccionarios.

Mientras tanto, como alternativa a una respuesta nuclear antitrust, se propone un innovador cuerpo de normativa que se refiere a los datos que cosechan y almacenan las grandes empresas. Se están barajando regulaciones que les obliguen a compartirlos con las startups o a garantizar su portabilidad a otra plataforma, cuando el cliente lo solicite. Pronto nos ocuparemos de estos planteamientos que están basados en principios de los que ya hemos hablado aquí, como los datos como infraestructura o como bien común y en análisis críticos como el extractivismo de datos. Lo que interesa ahora es que esta nueva generación de normas solo afectaría a quienes practican el modelo de vigilancia a cambio de anuncios y no todos los gigantes lo hacen. Muchas de las posibles prácticas anticompetitivas de Amazon, Uber o Airbnb seguirían descontroladas. A falta de un marco legal apropiado, hoy por hoy, son ayuntamientos sin apenas competencias los que tienen que reaccionar frente a los efectos tóxicos de negocios dudosos.

Cuando un grupo de presión liderado por Airbnb y Homeway enfrenta a la Comisión con sus propias ciudades, se echa de menos una defensa más decidida de un modelo europeo sin complejos por el compromiso del estado en el bienestar de los ciudadanos. Falta también una visión global del papel de la región y una estrategia propia en un entorno donde el resto de jugadores tiene la suya muy clara. Demasiado a menudo, lo que sale a relucir es esa noción de la competencia al estilo de Chicago que está muy extendida por la UE. Solo hay que leer cualquier documento de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia española hablando de alquiler turístico para comprobarlo. Liberarse de esa noción radical y alien de la competencia diseñada por otros a su imagen resulta esencial. Una mirada propia ayudaría a tomar la decisión de si aplicar o no las leyes antimonopolio sin verlas como una bomba.

La cuestión hoy es: ¿Las reservas de Vestager son un ejemplo de cabeza fría en un entorno que invita a tomar decisiones precipitadas basadas en impulsos tribales, como publican las biblias de la propaganda techie, o un síntoma de debilidad tecnocrática? ese síndrome raro en el panorama internacional que aqueja a la UE desde hace décadas haciéndole ver sus propios intereses borrosos, mientras todos los demás en el tablero global barren descaradamente para casa.

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